Asistencia técnica descentralizada para proyectos

Piura y Huamanga. Allí se instalaron las primeras oficinas descentralizadas del MEF en el 2007. El objetivo fue apoyar con asistencia técnica la ejecución de proyectos a los gobiernos regionales y locales, muchos de los cuales ya empezaban a tener presupuestos millonarios por canon. Luego vinieron las oficinas en Cajamarca, Ancash, Arequipa, Cusco, Iquitos. En el 2008, casi todos los departamentos del Perú contaban con una oficina del MEF y un especialista en el Sistema de Inversión Pública (SNIP). Luego se sumarían especialistas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). En algunos casos las oficinas se instalaron en las sucursales del Banco de la Nación y otras, en espacios facilitados por los gobiernos regionales.  

Hoy, casi 5 años después, esa red de oficinas se ha consolidado y ampliado. Se han constituido 10 nuevas oficinas del MEF, denominadas Conectamef, que asisten además en contrataciones, tesorería y contabilidad. Es decir, el paquete de los principales sistemas administrativos del Estado.

¿Cuán útil han sido estas oficinas? Podemos decir que bastante. Solo pensemos en los cientos de municipios distritales rurales que tienen que batallar todos los días para formular proyectos, contratar servicios, licitar obras. Y pensemos en el escasísimo personal que tienen, sin internet y con nulas posibilidades de desplazarse a Lima. Ahora tienen un apoyo directo del MEF, el ente rector en materia presupuestal, inversiones y demás sistemas que mueven los recursos públicos. Resuelven todos los días cuellos de botella administrativos, normativos, metodológicos, informáticos y toda esa gama de procedimientos que se requieren para ejecutar en el Estado, que por cierto, más que gerencia es casi un arte.

Si bien no existen estudios disponibles sobre esta experiencia, sí es posible observar la importante carga de consultas, reuniones y viajes que tiene el personal técnico de estas oficinas del MEF. Existe una demanda importante de asistencia técnica que se está atendiendo, sobre todo en los municipios.

Hay sin embargo, temas por trabajar. La calidad de la formulación de proyectos públicos sigue siendo muy baja, una de las causas de la baja ejecución. Malos estudios, terminan siempre en malos proyectos. Pero no es la única causa, ni siquiera la principal. La disponibilidad de terrenos y las autorizaciones ambientales y arqueológicas, son de hecho fuente directa del retraso de las obras. Será importante evaluar la inclusión de especialistas en estas materias.

Finalmente, los nuevos mecanismos APP de concesiones, iniciativas privadas y Obras por impuestos aún se conoce muy poco, y puede ser muy potente para dinamizar la inversión. Sería interesante que en estas oficinas descentralizadas del MEF también se sume el equipo de Proinversión.

A qué juega el PPC?

José Luis Chávez Rivera es militante del Partido Popular Cristiano. Este “ciudadano” presentó al JNE a fines de agosto, una denuncia para vacar a la Alcaldesa de Lima. La denuncia fue admitida muy rápido y se discutió, como la norma lo dice, en el Concejo Municipal de Lima. Los regidores del PPC votaron a FAVOR de la vacancia.

José Luis Chávez Rivera no solo es militante del PPC, sino que arrastra una cuestionada trayectoria en la política local (politiquería en realidad). Tiene una sentencia por estafa y varias fuentes lo vinculan a cuestionados dirigentes políticos en Comas y Lima Norte. Es decir, todo un personaje.  

José Luis Chávez Rivera, militante del PPC y sentenciado por estafa, no se presentó al Concejo Municipal. No necesitó hacerlo. Sus regidores correligionarios se encargaron de hacer suya la denuncia y votaron a favor de la vacancia de la Alcaldesa.

Y en qué consiste la denuncia? Se acusa a la Alcaldesa de haber usurpado funciones al autorizar la venta inmuebles de la Beneficiencia a mediados del 2011. El denunciante del PPC afirma que debió autorizarlo el Concejo y no la Alcaldesa.

El tema no es nuevo, hace un año ya había sido discutido en el Concejo y cuestionado por el PPC y otros regidores de oposición. El Organo de Control (OCI) abrió un examen especial, cuyo informe de octubre 2011 concluye que: “la PCM y la SBN han validado con argumentos técnicos y legales la autorización del proceso de venta efectuado por la Alcaldesa de Lima (…) confirmando con ello la legalidad de la Resolución de Alcaldía que autorizó la venta de los mencionados predios”. Es decir, todo fue 100% legal y transparente. El tema se cerró y no se volvió a cuestionar.

Pero casi un año después, en agosto 2012, José Luis Chávez Rivera, militante del PPC, lo vuelve a levantar y lo utiliza para denunciar a la alcaldesa y pedir su vacancia. Los regidores del PPC piden una investigación. La bancada de la Confluencia-Fuerza Social no acepta exponer a la Alcaldesa con una denuncia claramente sin sustento y con claros objetivos de desestabilización política.

Sin embargo, y a pesar de los informes que respaldan la venta por parte de la Contraloría, Presidencia del Concejo de Ministros, Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y los informes legales de la Municipalidad y la Beneficiencia, la bancada acepta que el tema se vea en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo de Lima.

Por qué genera tanta polémica la venta de un inmueble de la Beneficiencia? Porque algunos consideran que ese bien fue donado (en el siglo XIX) para fines sociales, es decir, no podía usarse para fines comerciales u otros. El Directorio de la Beneficiencia y la SBN, con la confirmación de la del Sistema de Control, no piensan igual. No obstante, reiteramos, respetando el derecho de los regidores de oposición, la bancada acepta que se revise y se discuta, pero en la Comisión especializada.

El denunciante no se presentó nunca al Concejo. Sus correligionarios del PPC se encargaron de hacer suya la denuncia y votaron a favor de la vacancia. Por qué lo hicieron? Nadie lo entiende. Probablemente porque no hubo mucha razón, sino mucha bilis y piconería. Afirman que el oficialismo se negó a investigar el caso, que hubo ofensas, que se debió pedir disculpas, que se rompió un acuerdo previo. Todo en un mar de confusiones que finalmente sirvieron de pretexto para votar a favor de una absurda denuncia.

La votación de los regidores fue tan ridícula que tuvo que salir el mismo día Lourdes Flores a decir que el PPC quería que Susana Villarán termine su gestión. Que la votación de su bancada municipal por vacarla fue una votación política (léase, pura piconería). Dijo asimismo desconocer si el denunciante José Luis Chávez Rivera era militante del PPC, pero que si lo era, era una iniciativa individual y no de su partido.

Le creemos a Lourdes Flores? Quisiéramos creerle, pero es una verdad de perogrullo que en política no hay casualidades. Su bancada vota a favor y, oh sorpresa, coincide con la misma semana en que el JNE acepta la apelación de los revocadores para continuar con la revisión de firmas ¿qué podemos pensar?

Ayer, un regidor del PPC de la municipalidad de Surco fue separado y sometido a disciplina en su Partido, al difundirse un video donde recibía una coima. Rápida y saludable decisión del PPC. Sería excelente si hicieran lo mismo con el militante José Luis Chávez Rivera, sentenciado por estafa y hoy invisible protagonista de una absurda denuncia por vacar a la Alcaldesa de Lima. Sería un gesto político importante para confirmar que el PPC no tiene nada que ver con la denuncia. Y en relación a la votación a favor de la vacancia por parte de los regidores PPC, veremos qué posición y explicación tendrán en la siguiente sesión del Concejo.

Eso sí, no creo que sea bueno que quede registrado en las Actas del Concejo Metropolitano de Lima que un 11 de setiembre del 2012 el PPC votó a favor de la vacancia de la alcaldesa de Lima, en base a la denuncia de su militante José Luis Chávez Rivera, con sentencia por estafa.

m/p