Dicen que quienes se oponen a los cambios son los que saben
lo que van a perder. Y que los que se resisten, los que no saben lo que van a
ganar. También es cierto que las reformas más difíciles son aquellas donde los
sectores resistentes y opositores, aunque minoritarios, son muchos más activos
que la mayoría que se beneficiará. La Nueva Ley del Servicio Civil tiene todos
estos elementos: más resistencia que oposición, pero de una activa minoría
sindical y política.
Los principios de la Ley son relativamente simples. De
hecho, copian y mejoran lo que ya funciona en las mejores instituciones
públicas como el BCR, la Cancillería o la SUNAT: introducir la carrera pública
por méritos. ¿Y eso qué significa? Que los funcionarios trabajarán como
servidores públicos motivados por incentivos, y no como burócratas,
desmotivados y mal tratados.
¿Quienes pierden con esta Ley? Nadie, porque es voluntaria.
Los que están contentos con sus derechos laborales adquiridos (276 y 728),
pueden permanecer en su régimen y mantener, entre otros, su derecho a la
negociación colectiva por sueldos. Curioso que los sindicatos se opongan a una
Ley que no les afecta. Su posición más parece defender su espacio de poder y
representación, que si bien no disminuye ya no podrá aumentar con los
funcionarios en el nuevo régimen. Tampoco pierden los trabajadores que se
incorporarán, porque la Ley les ofrece mejores sueldos, beneficios sociales y
estabilidad.
¿Quienes ganan con la nueva Ley del Servicio Civil? Para
empezar, los usuarios y ciudadanos que pagamos impuestos. Y directamente, todos
los nuevos funcionarios públicos. La nueva Ley propone mejoras laborales sensibles
con adecuados incentivos. Como diría un colega, un médico trabaja de una manera
en el hospital del MINSA y el mismo médico, de otra manera, en la clínica
privada. ¿Por qué? Porque en uno tiene los incentivos adecuados. Y no es solo
un tema de sueldos. Diversos estudios han demostrado que los verdaderos
incentivos en la carrera pública son: formación continua, beneficios sociales (como
seguro médico, vacaciones, licencia de maternidad, etc) y especialmente,
posibilidad de promoción y ascenso profesional o técnico. Todo esto propone la
nueva Ley del Servicio Civil.
La reforma es muy ambiciosa porque plantea corregir la hoy
informal y desordenada política de recursos humanos de la megacorporación
llamada Estado. Basta mirar la caótica situación actual. Salvo muy contadas
excepciones, entrar a trabajar al Estado exige tener “contactos”, no hay
vacaciones, no hay seguro decentes, y cada 3 o 6 meses hay que esperar la
renovación del contrato, no hay protección frente a presiones políticas y ni
hablar de cambios de gobierno. Ese es nuestro Estado.
Sí hay que decir que una reforma de esta escala y
complejidad, exige un trabajo político con los actores, incluyendo a los
sindicatos. Su violento rechazo debe entenderse como la resistencia típica a
los cambios, y no tanto a la oposición, porque repetimos, el nuevo régimen es
voluntario para los sindicalizados. Siendo así, la resistencia se resuelve
discutiendo y negociando. Por supuesto, si la posición de esta minoría sindical
persiste, hay que explicar a la ciudadanía por qué esta reforma beneficia a una
inmensa mayoría de peruanos, hartos ya de la muy baja calidad de los servicios
públicos que recibe. Por su parte el Estado tiene que reconocer que debe
construir legitimidad, confianza y credibilidad con sus ciudadanos, pero
también con sus trabajadores. Si no, éstos seguirán prefiriendo ganar derechos
salariales con pliegos de reclamos, mientras
no los convenzan que un sistema meritocrático justo y transparente es
mucho mejor. La mesa de negociación debe abrirse.
Miguel Prialé Ugás, economista
