El gobierno acaba de aprobar, mediante Decreto de Urgencia, una medida “extraordinaria”: dictar el funcionamiento de la administración pública todos los días, incluido sábados, domingos y feriados.
La medida puede provocar inicialmente la aceptación de los ciudadanos, que tenemos la imagen que la burocracia es lenta e ineficiente. Ahora, se les obliga a trabajar más y eso siempre suena bien. Pero fuera de la reacción de la tribuna, es bueno ponerse a pensar la efectividad y la utilidad de la norma.
Veamos. Desde el punto de vista económico, la medida es incompleta y por lo tanto, muy poco útil. Pongamos un ejemplo sencillo. Imagine ud una fábrica de zapatos con 10trabajadores que produce 100 pares de zapatos a la semana, es decir, cada trabajador produce 10 pares de zapatos a la semana (productividad media le dicen los economistas). El dueño decide que desde ahora, también se produce zapatos los fines de semana y los feriados, con los mismos 100 trabajadores y con el mismo sueldo. La pregunta es, los trabajadores van a producir más de 100 zapatos a la semana? Es decir, los trabajadores van a ser más productivos? Mi impresión es que no, salvo que se tomen medidas complementarias, pero que cuestan.
Hace unos 5 años, Francia tomó una medida con los mismos objetivos, muy polémica por cierto, aunque sustentada en estudios técnicos desde su oficina de gestión pública. Dictó la reducción del horario de trabajo de 40 horas a 35 horas a la semana. La medida tenía dos propósitos: 1) elevar la productividad media del trabajador, al obligar a producir lo mismo en menos tiempo y 2) elevar el nivel de empleo, al liberar horas para la contratación de nuevo personal, pues el horario de atención por semana es el mismo. Los estudios decían que había tiempos muertos en el horario normal, es decir, que se podía hacer lo mismo pero en menos tiempo. En consecuencia, para qué voy a pedir a un trabajador 40 horas si lo puede hacer en 35?. El incentivo claro está, es que por menos horas, el trabajador recibe el mismo sueldo (no hay presión fiscal), pero el gobierno logra aumentar su productividad y todos ganamos. En el caso del Perú, donde está ese incentivo?
Ciertamente, lo que interesa para el ciudadano es que la burocracia sea rápida y ágil, que los trámites no demoren y se hagan bien. Lo que no logro entender es cómo obligando a trabajar fines de semana y feriados, eso va a mejorar. Si no tengo incentivos para que el funcionario público trabaje más, cómo esperar mejores resultados?. Claro, existe el “incentivo” que si no viene a trabajar, pierde el trabajo, pero eso es muy limitado. Lo que va a suceder es que lo que no hizo el miércoles, lo hará el domingo, pero nada más.
Un escenario muy malo, y que se ha observado ya en las medidas para acortar plazos “por decreto” (ver casos SNIP, Licitaciones, concursos, etc) es, como muchas reglas en el Perú, simplemente no se cumplen o se cumplen tan mal que es como si no se cumplieran. El daño para la institucionalidad es enorme, porque petardea el respeto a las normas, al orden y al sentido de las reglas. Pienso que la medida es improvisada, sin prejuicio de la pésima costumbre de aprobar por Decreto de Urgencia, puenteando al ya irrisorio Congreso de la República.
Alternativas? Existen ciertamente. Mi primera recomendación es que se evalúe los efectos de medidas similares, para saber su verdadera utilidad y las causas que explican sus resultados. La segunda es que se apunte a elevar productividad, dando incentivos sin costo fiscal a los que quieran trabajar los fines de semana y feriados (acceso a cursos de formación calificados, días a cuenta de vacaciones, etc). Y tercero, que los plazos administrativos no afecten la calidad de los servicios públicos, y para eso es necesario revisar bien los resultados de la primera recomendación. Nada peor que un producto mal hecho por apurados, eso sí que es muy malo.
22 de octubre 2009
m/p
jueves, 22 de octubre de 2009
lunes, 28 de septiembre de 2009
cae otro Ministro "independiente"
Francis Allison renunció ayer al Ministerio de Vivienda, y recibió el agradecimiento del Presidente García quien a su vez lamentó que tenga q dejar el cargo por razones políticas. Como ciudadano, debo expresar mi poca confianza en el joven ministro en sus elocuentes pero débiles explicaciones. Allison no ha demostrado cuál era el tipo de asesoría que hacía, limitándose a decir que fué un contrato verbal por asesorías jurídicas diversas hechas desde un restaurant. Esa explicación es muy poco satisfactoria, por no decir, burlona. Allison ha dicho que no le informó al Presidente porque no lo consideró relevante, pero la información ya se sabía en la Comisión investigadora de los petroaudios desde comienzos de agosto. El tema era una bomba de tiempo, y no lo informó al Presidente hasta mediados de setiembre, por qué? si todo era transparente.
Muchas preguntas adicionales se hace la opinión pública, y probablemente, la mayoría no se respondan. Queda claro sí, que el cargamontón contra Allison existe, alguien o "alguienes" en el interior del gobierno, simplemente, no soportaba al joven ministro, demasiado servicial al Presidente. Ese sector circuló una información que ya se sabía desde hace varias semanas, incluyendo los apristas, pero que no la soltaron hasta la semana pasada. Las últimas denuncias sobre antiguas agresiones en su distrito, ya demuestra el apanado masivo. Me hizo recordar el caso Eliane Karp q recibía 10,000 dólares mensuales de asesorías del entonces banco Wiese. Meses atrás, KArp decía q ella no recibía ingresos, q trabajaba ad honorem y que eso le generaba incomodidad porque no quería pedirle plata a su esposo.
El caso Allison es igual de grave, por ser funcionario público y actor directo del escándalo. Es necesario tomar en cuenta además q la cartera de Vivienda, luego de Transportes, es la que maneja el mayor presupuesto de inversión, y programas estratégicos como Agua para todos, Cofopri y la Reconstrucción del Sur. En todo caso, queda la lección para los "independientes" que sean llamados al gabinete: o eres funcional al gobierno, sigues su ritmo, o simplemente sales de la pista de baile.
Sí recomiendo al Sr Allison q presente todo lo q tenga q presentar al congreso y a la fiscalía. Y por favor, no siga repitiendo q ud trabajó como consultor externo inocentón y confiado, informando por correo o verbalmente tomando café. Ud era funcionario pùblico sr Allison, era alcalde de un distrito, no puede decir q recibía 3000 dolares mensuales de una empresa como BTR sin dar mayores detalles. Si el APRA le "defendió" con el congresista Vargas, créame que eso solo fué para q el escándalo no llegara a Palacio, ahora ud ya está afuera y se defiende solo.
quedan 20 meses de gobierno aprista, veamos que otros "independientes" caen.
m/p
Muchas preguntas adicionales se hace la opinión pública, y probablemente, la mayoría no se respondan. Queda claro sí, que el cargamontón contra Allison existe, alguien o "alguienes" en el interior del gobierno, simplemente, no soportaba al joven ministro, demasiado servicial al Presidente. Ese sector circuló una información que ya se sabía desde hace varias semanas, incluyendo los apristas, pero que no la soltaron hasta la semana pasada. Las últimas denuncias sobre antiguas agresiones en su distrito, ya demuestra el apanado masivo. Me hizo recordar el caso Eliane Karp q recibía 10,000 dólares mensuales de asesorías del entonces banco Wiese. Meses atrás, KArp decía q ella no recibía ingresos, q trabajaba ad honorem y que eso le generaba incomodidad porque no quería pedirle plata a su esposo.
El caso Allison es igual de grave, por ser funcionario público y actor directo del escándalo. Es necesario tomar en cuenta además q la cartera de Vivienda, luego de Transportes, es la que maneja el mayor presupuesto de inversión, y programas estratégicos como Agua para todos, Cofopri y la Reconstrucción del Sur. En todo caso, queda la lección para los "independientes" que sean llamados al gabinete: o eres funcional al gobierno, sigues su ritmo, o simplemente sales de la pista de baile.
Sí recomiendo al Sr Allison q presente todo lo q tenga q presentar al congreso y a la fiscalía. Y por favor, no siga repitiendo q ud trabajó como consultor externo inocentón y confiado, informando por correo o verbalmente tomando café. Ud era funcionario pùblico sr Allison, era alcalde de un distrito, no puede decir q recibía 3000 dolares mensuales de una empresa como BTR sin dar mayores detalles. Si el APRA le "defendió" con el congresista Vargas, créame que eso solo fué para q el escándalo no llegara a Palacio, ahora ud ya está afuera y se defiende solo.
quedan 20 meses de gobierno aprista, veamos que otros "independientes" caen.
m/p
viernes, 21 de agosto de 2009
Defendiendo a los burócratas: el compromiso de la calidad del servicio público
Hoy en un mitín en Carabayllo, el Presidente de la República dijo que la descentralización popular buscaba darle al pueblo la capacidad de hacer sus obras, para que no dependan de una burocracia inoperante que además, permite que “desaparezcan” las bolsas de cemento. Todo el público aplaudió.
El Presidente ha dicho la verdad, hay ineficiencia y hay corrupción en la burocracia del Estado. Lo que no se ha dado cuenta el Presidente, es que él es el jefe de todos los burócratas. Por lo tanto, si bien nadie le pide que oculte los problemas, también es cierto que un Presidente, como un general del Ejército, no maltrata jamás a sus tropas en público. “Premia en público, castiga en privado” primera regla de un líder. La lavandería se lava en casa, no repetía eso Víctor Rául?
Este principio de liderazgo existe por dos razones: primero porque ningún jefe es jefe si no cree en su equipo, salvo que tenga una mentalidad rentista o adicción al poder; segundo, porque hay burócratas de primer nivel que no pueden ser incluidos en el mismo saco. Las declaraciones son poco felices porque le trasmite a la ciudadanía un pésimo mensaje: todos los burócratas son iguales, ineficientes y corruptos.
Como todos los peruanos, he sido usuario de los servicios públicos y he tenido que lidiar con la burocracia. En su inoperancia y lentitud, para sacar un certificado municipal, un trámite engorroso en el poder judicial o para concursar en una licitación pública. Así también; en su corrupción cuando algún policía o asesor judicial pide coima, o algún funcionario pide “apoyo” para aprobar un proyecto o un permiso.
Sin embargo, también me he sentido orgulloso de muchos burócratas que hacen bien su trabajo. Cuando un policía sanciona a una combi irresponsable que casi me atropella, un maestro de escuela rural que cada centavo lo invierte en mejorar su biblioteca, una obstetra que viaja 15 horas en pequepeque para atender sus pacientes, o cuando un funcionario de proyectos le para el macho a una constructora inescrupulosa para que haga la obra pública bien y no le pase facturas inútiles o fantasmas.
Los peruanos debemos saber que lo bueno que tenemos en el Estado se debe a esfuerzos para construir buena burocracia. La SUNAT es un ejemplo del trabajo en los 90s, el IDECOPI, el Banco Central de Reserva, el SNIP (a pesar de debilitamiento). También debemos saber que actualmente hay varias reformas silenciosas en el Perú: desde el nivel nacional, la formación de gerentes públicos con SERVIR, el presupuesto por resultados desde el MEF, la agilización de trámites municipales de la PCM, la aplicación del nuevo código procesal penal, entre otros. Desde el nivel regional y municipal, numerosos esfuerzos de participación local en los servicios básicos como educación, salud, entre otros. Les recomiendo dar una mirada a la página web de Ciudadanos al Día.
Las mejoras burocracias del mundo protegen a sus funcionarios. Saben que ellos no son máquinas y que apunte de leyes y dispositivos no van lograr mejorar sus desempeño. Hay un trabajo de motivación e incentivos que se tiene que hacer para mantener la vocación de servicio, eficiente y comprometida. Un funcionario no tiene la lógica privada del cliente “al que paga más, le da más; al que paga menos le da menos, y al que no paga no le da nada”. Un funcionario trabaja para el interés público, con orden y transparencia.
Ciertamente, la gran reforma pendiente en el Perú, yq ue otras burocracias en el mundo lo han logrado (Australia, Francia, Dinamarca, Suecia, Canadá) es que nuestros burócratas sean medidos por su desempeño pero en base a resultados. Que dejemos ese ADN del siglo pasado que mira los procedimientos en vez del resultado, que es lo esencial (disculpen mis colegas burócratas abogados, buenos defensores, pero malos delanteros). Como lo escuchamos en el mensaje presidencial de 28 de julio “buscar argumentos para decir sí y sacar las cosas adelante, y no buscar argumentos para decir no”.
Sí señor Presidente, hay buenos burócratas, que trabajan para un objetivo que el Perú necesita a gritos: el compromiso en la calidad del servicio público. Ese es el mensaje público que los peruanos queremos escuchar, quizás no le aplaudamos al comienzo, pero sí lo vamos a reconocer.
m/p
Lima, 21 de agosto de 2009.
El Presidente ha dicho la verdad, hay ineficiencia y hay corrupción en la burocracia del Estado. Lo que no se ha dado cuenta el Presidente, es que él es el jefe de todos los burócratas. Por lo tanto, si bien nadie le pide que oculte los problemas, también es cierto que un Presidente, como un general del Ejército, no maltrata jamás a sus tropas en público. “Premia en público, castiga en privado” primera regla de un líder. La lavandería se lava en casa, no repetía eso Víctor Rául?
Este principio de liderazgo existe por dos razones: primero porque ningún jefe es jefe si no cree en su equipo, salvo que tenga una mentalidad rentista o adicción al poder; segundo, porque hay burócratas de primer nivel que no pueden ser incluidos en el mismo saco. Las declaraciones son poco felices porque le trasmite a la ciudadanía un pésimo mensaje: todos los burócratas son iguales, ineficientes y corruptos.
Como todos los peruanos, he sido usuario de los servicios públicos y he tenido que lidiar con la burocracia. En su inoperancia y lentitud, para sacar un certificado municipal, un trámite engorroso en el poder judicial o para concursar en una licitación pública. Así también; en su corrupción cuando algún policía o asesor judicial pide coima, o algún funcionario pide “apoyo” para aprobar un proyecto o un permiso.
Sin embargo, también me he sentido orgulloso de muchos burócratas que hacen bien su trabajo. Cuando un policía sanciona a una combi irresponsable que casi me atropella, un maestro de escuela rural que cada centavo lo invierte en mejorar su biblioteca, una obstetra que viaja 15 horas en pequepeque para atender sus pacientes, o cuando un funcionario de proyectos le para el macho a una constructora inescrupulosa para que haga la obra pública bien y no le pase facturas inútiles o fantasmas.
Los peruanos debemos saber que lo bueno que tenemos en el Estado se debe a esfuerzos para construir buena burocracia. La SUNAT es un ejemplo del trabajo en los 90s, el IDECOPI, el Banco Central de Reserva, el SNIP (a pesar de debilitamiento). También debemos saber que actualmente hay varias reformas silenciosas en el Perú: desde el nivel nacional, la formación de gerentes públicos con SERVIR, el presupuesto por resultados desde el MEF, la agilización de trámites municipales de la PCM, la aplicación del nuevo código procesal penal, entre otros. Desde el nivel regional y municipal, numerosos esfuerzos de participación local en los servicios básicos como educación, salud, entre otros. Les recomiendo dar una mirada a la página web de Ciudadanos al Día.
Las mejoras burocracias del mundo protegen a sus funcionarios. Saben que ellos no son máquinas y que apunte de leyes y dispositivos no van lograr mejorar sus desempeño. Hay un trabajo de motivación e incentivos que se tiene que hacer para mantener la vocación de servicio, eficiente y comprometida. Un funcionario no tiene la lógica privada del cliente “al que paga más, le da más; al que paga menos le da menos, y al que no paga no le da nada”. Un funcionario trabaja para el interés público, con orden y transparencia.
Ciertamente, la gran reforma pendiente en el Perú, yq ue otras burocracias en el mundo lo han logrado (Australia, Francia, Dinamarca, Suecia, Canadá) es que nuestros burócratas sean medidos por su desempeño pero en base a resultados. Que dejemos ese ADN del siglo pasado que mira los procedimientos en vez del resultado, que es lo esencial (disculpen mis colegas burócratas abogados, buenos defensores, pero malos delanteros). Como lo escuchamos en el mensaje presidencial de 28 de julio “buscar argumentos para decir sí y sacar las cosas adelante, y no buscar argumentos para decir no”.
Sí señor Presidente, hay buenos burócratas, que trabajan para un objetivo que el Perú necesita a gritos: el compromiso en la calidad del servicio público. Ese es el mensaje público que los peruanos queremos escuchar, quizás no le aplaudamos al comienzo, pero sí lo vamos a reconocer.
m/p
Lima, 21 de agosto de 2009.
jueves, 20 de agosto de 2009
FORSUR, para que no se repita
Hace dos años el Perú sufrió uno de los mayores catástrofes producidas por un sismo: 500 muertos, 17000 viviendas destruidas, más de 80,000 danmificados entre Cañete, Huaytará, Chincha, Pisco, Ica y Nazca.
La catástrofe nos ha dejado lecciones aprendidas, que el Estado y todos los peruanos no debemos olvidar. La primera es que nuestro sistema de defensa civil funciona de manera muy precaria. Los municipios no están preparados para enfrentar un desastre de esa escala, aunque hicieron lo que pudieron en las primeras 48 horas críticas de la emergencia. Cuántos miles de damnificados, especialmente niños, tuvieron que morirse de sed, de hambre y de frío! Luego, vino el gobierno nacional, que en medio de un desorden impresionante, trató de atender a los heridos y proveer de abrigo, alimento y medicinas. La cooperación internacional prefirió operar por su cuenta en lugar de apoyarse en una contraparte gubernamental.
LA segunda lección aprendida es la creación del FORSUR, que surgió como propuesta política para enfrentar el desastre. Fue una mala idea. La ley que lo creó se hizo de manera informal y entre gallos y media noche. Creó una Unidad Ejecutora que no ejecutó gran cosa, y terminó transfiriendo recursos a los municipios y a los ministerios, es decir, más burocracia. Lo exoneró de los controles de gasto como el SNIP y contrataciones, cuando ya existían normas simplificadas para esos casos. Como consecuencia, dado que la plata pública siempre necesitará reglas para gastarse, salvo que quiera ir uno preso, FORSUR terminó creando nuevos trámites. Para qué?
El FORSUR debilitó el Sistema Nacional de Defensa Civil y asumió funciones que le corresponde a los municipios y los gobiernos regionales. Si el gobierno nacional quería apoyar, pudo haberlo hecho perfectamente desde los ministerios como ya lo ha estado haciendo. FORSUR ha recibido una cantidad enorme de recursos y no existe ningún informe público ni auditoría técnica sobre su trabajo. Dados los resultados, la ciudadanía exige una explicación sobre el uso de esa plata.
La principal lección para este y los futuros gobiernos es que frente a un desastre, el Estado no debe hacer experimentos. Debemos fortalecer nuestros Sistema Nacional de Defensa Civil, al INDECI como ente rector, y especialmente a los gobiernos locales a nivel provincial. Aquí debemos proveer el mejor personal calificado en prevención, un buen sistema de registro y de información de peligros, así como una adecuada capacitación sobre los protocolos, sobretodo en las escuelas.
Nadie desea otro desastre, pero el Perú tiene todos los peligros naturales, salvo huracanes o tifones. Ideas como el FORSUR no deben repetirse. La reconstrucció n no es un objetivo de largo plazo, y nuestros compatriotas del sur no merecen sufrir la inoperancia del aparato estatal.
Lima. 15 de agosto de 2009
La catástrofe nos ha dejado lecciones aprendidas, que el Estado y todos los peruanos no debemos olvidar. La primera es que nuestro sistema de defensa civil funciona de manera muy precaria. Los municipios no están preparados para enfrentar un desastre de esa escala, aunque hicieron lo que pudieron en las primeras 48 horas críticas de la emergencia. Cuántos miles de damnificados, especialmente niños, tuvieron que morirse de sed, de hambre y de frío! Luego, vino el gobierno nacional, que en medio de un desorden impresionante, trató de atender a los heridos y proveer de abrigo, alimento y medicinas. La cooperación internacional prefirió operar por su cuenta en lugar de apoyarse en una contraparte gubernamental.
LA segunda lección aprendida es la creación del FORSUR, que surgió como propuesta política para enfrentar el desastre. Fue una mala idea. La ley que lo creó se hizo de manera informal y entre gallos y media noche. Creó una Unidad Ejecutora que no ejecutó gran cosa, y terminó transfiriendo recursos a los municipios y a los ministerios, es decir, más burocracia. Lo exoneró de los controles de gasto como el SNIP y contrataciones, cuando ya existían normas simplificadas para esos casos. Como consecuencia, dado que la plata pública siempre necesitará reglas para gastarse, salvo que quiera ir uno preso, FORSUR terminó creando nuevos trámites. Para qué?
El FORSUR debilitó el Sistema Nacional de Defensa Civil y asumió funciones que le corresponde a los municipios y los gobiernos regionales. Si el gobierno nacional quería apoyar, pudo haberlo hecho perfectamente desde los ministerios como ya lo ha estado haciendo. FORSUR ha recibido una cantidad enorme de recursos y no existe ningún informe público ni auditoría técnica sobre su trabajo. Dados los resultados, la ciudadanía exige una explicación sobre el uso de esa plata.
La principal lección para este y los futuros gobiernos es que frente a un desastre, el Estado no debe hacer experimentos. Debemos fortalecer nuestros Sistema Nacional de Defensa Civil, al INDECI como ente rector, y especialmente a los gobiernos locales a nivel provincial. Aquí debemos proveer el mejor personal calificado en prevención, un buen sistema de registro y de información de peligros, así como una adecuada capacitación sobre los protocolos, sobretodo en las escuelas.
Nadie desea otro desastre, pero el Perú tiene todos los peligros naturales, salvo huracanes o tifones. Ideas como el FORSUR no deben repetirse. La reconstrucció n no es un objetivo de largo plazo, y nuestros compatriotas del sur no merecen sufrir la inoperancia del aparato estatal.
Lima. 15 de agosto de 2009
lunes, 3 de agosto de 2009
Punto para la agenda contra la corrupción: la inversión pública
En el 2008 la inversión pública es de 16.000 millones de soles y en el 2009 bordeará el 4.3% del PBI, una participación significativamente mayor que a inicios de la década. En este contexto sin embargo, existe un riesgo muy alto: la presencia de la corrupción ante el incremento del gasto de inversión. No es un secreto que en las finanzas públicas la corrupción está muy cerca de las grandes obras y las grandes licitaciones. Los corruptos presionan la ejecución de obras de gran magnitud porque se abren las oportunidades de “negocios”.
Este riesgo ha sido advertido por diferentes estudios económicos en el FMI y la Banca Multilateral . Los países en vías de desarrollo con periodos de relativa bonanza, han incrementado sus obras públicas, pero lamentablemente en algunos, con fuertes casos de corrupción que terminaron afectando su crecimiento y también su gobernabilidad como el caso argentino. El peligro es muy grave porque al postor/operador corrupto no le interesa hacer buenas obras, y al político o funcionario corrupto solo le interesa cobrar el soborno o el porcentaje pactado bajo la mesa.
Desde el punto de vista económico, invertir más es igual de importante que invertir bien. De nada sirve ejecutar obras que sólo son útiles para las empresas de cemento y ladrillo, pero que no tienen utilidad pública (ineficaces). De nada sirve ejecutar obras que al poco tiempo necesita ser reparada o funcionan mal, pasando así al museo de la arqueología del desarrollo (insostenibles). Eso explica en parte porque no existe una cultura del mantenimiento de los servicios, porque así se presiona a “invertir” nuevamente en proyectos. Asimismo, es muy injusto ejecutar obras a cualquier precio y diseño (sobredimensionamiento), porque eso afecta la ejecución de obras en otros sitios, por lo general más alejados y en pobreza extrema.
La situación es complicada porque la necesidad de hacer más obras y proyectos es real, la presión social de la población es permanente, y políticamente es insostenible “contar la plata delante de los pobres”, por ilustrar el caso de los municipios con sus cuentas del canon sin gastar.
En este escenario, es conveniente poner atención a algunos puntos:
a) LA Fiscalía y la Contraloría General de la República tienen un rol central. El nuevo Contralor necesita poner todas las alarmas a los recursos de inversión, y el MEF debe asignarle el presupuesto necesario.
b) El SNIP puede ser un sistema administrativo incómodo en las velocidades de decisión para ejecutar proyectos, pero es absolutamente necesario. PetroPerú está exonerado del SNIP por ejemplo.
c) El sistema de presupuesto tiene otro rol fundamental, así como el SNIP, en el seguimiento y supervisión del gasto de inversión. Es necesario un sistema de alarma cuando la asignación presupuestal supera el monto declarado viable en el estudio. La corrupción es muy hábil para justificar gastos adicionales o “nuevos” ajustes al proyecto.
d) Es necesario poner mucha atención a las licitaciones denominadas por “concurso oferta”. La supervisión del expediente técnico es clave para evitar incrementos innecesarios en el presupuesto de la obra. Igualmente en el caso de la administración directa, que tiene todos los incentivos para atraer corrupción.
e) Los proyectos con endeudamiento siguen siendo experiencias que pueden ser muy útiles para replicar. La banca multilateral puede apoyar en mejorar los mecanismos y procesos de supervisión del gasto de inversión. En las operaciones de deuda, la publicación del valor referencial de las obras es muy importante.
La inversión pública está en los primeros puntos de la agenda de la lucha contra la corrupción. El nuevo gabinete tiene una buena oportunidad para tomar algunas medidas rápidas en esa dirección. Será una señal saludable para un reclamo nacional y empezar con buen pie esta gestión
Miguel Prialé Ugás, 13 de octubre del 2008
domingo, 2 de agosto de 2009
Lo bueno y lo malo de la descentralización popular
Lo bueno y lo malo de la “descentralización popular”
Por Miguel Prialé Ugás
El día de hoy el Presidente ha publicado un extenso artículo defendiendo los núcleos ejecutores de la anunciada descentralización popular. Resulta interesante observar la reacción de Palacio a las críticas pues demuestra que existe una alta prioridad y expectativa sobre la puesta en marcha de esta propuesta. La idea no es novedosa. Ya se ha aplicado y se aplica en el Perú, por lo tanto es posible afirmar lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Veamos y analicemos en ese orden.
¿Dar recursos públicos directamente a la población ha tenido buenos resultados en proyectos? Sí, pero bajo ciertas condiciones. La primera es que existan reglas de rendición y control muy claras. Segundo, que la supervisión sea conjunta entre la población y la entidad pública. Tercero, que existan compromisos viables para el mantenimiento y operación. Cuatro, que esté circunscrito a cierto tipo de intervenciones de baja complejidad: asistencia técnica, reparaciones de infraestructura menor: caminos, escuelas, riego, entre otros.
Existen experiencias positivas que el gobierno puede tomar como ejemplo. Pronamachcs y Foncodes no lo son, y es inexacto que esas instituciones hayan tenido un comportamiento de gestión impecable y transparente. Sería muy útil publicar los informes de evaluación y auditoría de los últimos 10 años en estas entidades. Casos contrarios han sido los Proyectos Corredor Puno Cusco, Marenass y Sierra Sur de Agrorural en el Ministerio de Agricultura, los cuales, mediante mecanismo concursables muy claros, le han sacado literalmente el jugo a la plata pública. Las comunidades y las familias han hecho buenas obras, útiles, durables y de rápido impacto, especialmente, en el campo y en las familias más pobres.
Otros buenos ejemplos han sido los programas de mantenimiento de caminos rurales implementado por el MTC, y ahora la publicitada Sierra Productiva donde la población ejecuta sus obras de riego tecnificado y asistencia técnica. Ciertamente, estas experiencias fortalecen la descentralización participativa, favorecen los espacios cívicos y promueven la creación de organizaciones en la sociedad civil. En buena cuenta, institucionaliza las fuerzas locales y regionales. Asimismo, es necesario reconocer que favorece los espacios de aprendizaje para el desarrollo de competencias y de prácticas democráticas.
Sin embargo, es necesario advertir riesgos y desinformaciones sobre los núcleos ejecutores. Primero, no es un mecanismo para agilizar el gasto. Es imposible que ellos logren gastar a niveles tales que reviertan los bajos niveles de gasto en inversión. Ese resultado se tendrá con obras de mediana y gran escala, y eso es trabajo del Estado directamente. Segundo, no es exacto que en el Estado estas obras tendrían “severas exigencias de inversión que demoran años”. Hoy, el SNIP pide una ficha simplificada que se aprueba en 05 días y el proceso de licitación es muy rápido. Las exigencias de rendición y supervisión deben ser iguales o más rigurosas para los núcleos ejecutores.
Una mala señal ciertamente es encargar esta iniciativa a Foncodes, que es uno de los dinosaurios más recordados del centralismo y el populismo del gasto público en los años 90s. Esa contradicción con el mensaje de la descentralización popular debe corregirse. Lamentablemente, Foncodes es quien tiene el marco legal para dar plata pública a la población en obras. Lo más sano es que sea una política nacional, para todos los niveles de gobierno pero con un ente rector regulador nacional. Se espera entonces una propuesta concreta en los próximos días, especialmente en las reglas para la distribución, asignación y control del gasto, tal como lo ha expresado el Presidente en su artículo. Tarea para el nuevo gabinete.
Un error conceptual es pensar que los núcleos ejecutores son la herramienta para que la plata pública llegue directamente a los más pobres. Es una herramienta sí, pero no es la más importante. La inversión pública de mayor impacto en las zonas de pobreza extrema está concentrada en carreteras, agua potable, electrificación, acceso a buenos servicios de salud, calidad educativa, etc. Por lo tanto, la descentralización no debe ser una estrategia de fachada que permita al Estado evitar asumir sus responsabilidades.
Finalmente, y buscando los argumentos para decir sí y eliminando aquellos para decir no. Los núcleos ejecutores son una buena estrategia para fortalecer la democracia participativa, especialmente en los gobiernos locales y en los programas del Estado con obras de baja complejidad. Necesita un marco legal con reglas de supervisión y rendición simples pero rigurosas. Es necesario eliminar cualquier elemento de duda o desconfianza de intervención política partidaria, la participación de Foncodes no ayuda a este propósito. Lo más recomendable es que este esfuerzo recaiga en un Comité Multisectorial con participación de la sociedad civil. Esperemos una rápida reacción y propuesta del Premier Velasquez Quesquén, a fin de no repetir anuncios presidenciales con mucho ruido pero sin pocas nueces.
Lima, 02 de agosto de 2009.
Por Miguel Prialé Ugás
El día de hoy el Presidente ha publicado un extenso artículo defendiendo los núcleos ejecutores de la anunciada descentralización popular. Resulta interesante observar la reacción de Palacio a las críticas pues demuestra que existe una alta prioridad y expectativa sobre la puesta en marcha de esta propuesta. La idea no es novedosa. Ya se ha aplicado y se aplica en el Perú, por lo tanto es posible afirmar lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Veamos y analicemos en ese orden.
¿Dar recursos públicos directamente a la población ha tenido buenos resultados en proyectos? Sí, pero bajo ciertas condiciones. La primera es que existan reglas de rendición y control muy claras. Segundo, que la supervisión sea conjunta entre la población y la entidad pública. Tercero, que existan compromisos viables para el mantenimiento y operación. Cuatro, que esté circunscrito a cierto tipo de intervenciones de baja complejidad: asistencia técnica, reparaciones de infraestructura menor: caminos, escuelas, riego, entre otros.
Existen experiencias positivas que el gobierno puede tomar como ejemplo. Pronamachcs y Foncodes no lo son, y es inexacto que esas instituciones hayan tenido un comportamiento de gestión impecable y transparente. Sería muy útil publicar los informes de evaluación y auditoría de los últimos 10 años en estas entidades. Casos contrarios han sido los Proyectos Corredor Puno Cusco, Marenass y Sierra Sur de Agrorural en el Ministerio de Agricultura, los cuales, mediante mecanismo concursables muy claros, le han sacado literalmente el jugo a la plata pública. Las comunidades y las familias han hecho buenas obras, útiles, durables y de rápido impacto, especialmente, en el campo y en las familias más pobres.
Otros buenos ejemplos han sido los programas de mantenimiento de caminos rurales implementado por el MTC, y ahora la publicitada Sierra Productiva donde la población ejecuta sus obras de riego tecnificado y asistencia técnica. Ciertamente, estas experiencias fortalecen la descentralización participativa, favorecen los espacios cívicos y promueven la creación de organizaciones en la sociedad civil. En buena cuenta, institucionaliza las fuerzas locales y regionales. Asimismo, es necesario reconocer que favorece los espacios de aprendizaje para el desarrollo de competencias y de prácticas democráticas.
Sin embargo, es necesario advertir riesgos y desinformaciones sobre los núcleos ejecutores. Primero, no es un mecanismo para agilizar el gasto. Es imposible que ellos logren gastar a niveles tales que reviertan los bajos niveles de gasto en inversión. Ese resultado se tendrá con obras de mediana y gran escala, y eso es trabajo del Estado directamente. Segundo, no es exacto que en el Estado estas obras tendrían “severas exigencias de inversión que demoran años”. Hoy, el SNIP pide una ficha simplificada que se aprueba en 05 días y el proceso de licitación es muy rápido. Las exigencias de rendición y supervisión deben ser iguales o más rigurosas para los núcleos ejecutores.
Una mala señal ciertamente es encargar esta iniciativa a Foncodes, que es uno de los dinosaurios más recordados del centralismo y el populismo del gasto público en los años 90s. Esa contradicción con el mensaje de la descentralización popular debe corregirse. Lamentablemente, Foncodes es quien tiene el marco legal para dar plata pública a la población en obras. Lo más sano es que sea una política nacional, para todos los niveles de gobierno pero con un ente rector regulador nacional. Se espera entonces una propuesta concreta en los próximos días, especialmente en las reglas para la distribución, asignación y control del gasto, tal como lo ha expresado el Presidente en su artículo. Tarea para el nuevo gabinete.
Un error conceptual es pensar que los núcleos ejecutores son la herramienta para que la plata pública llegue directamente a los más pobres. Es una herramienta sí, pero no es la más importante. La inversión pública de mayor impacto en las zonas de pobreza extrema está concentrada en carreteras, agua potable, electrificación, acceso a buenos servicios de salud, calidad educativa, etc. Por lo tanto, la descentralización no debe ser una estrategia de fachada que permita al Estado evitar asumir sus responsabilidades.
Finalmente, y buscando los argumentos para decir sí y eliminando aquellos para decir no. Los núcleos ejecutores son una buena estrategia para fortalecer la democracia participativa, especialmente en los gobiernos locales y en los programas del Estado con obras de baja complejidad. Necesita un marco legal con reglas de supervisión y rendición simples pero rigurosas. Es necesario eliminar cualquier elemento de duda o desconfianza de intervención política partidaria, la participación de Foncodes no ayuda a este propósito. Lo más recomendable es que este esfuerzo recaiga en un Comité Multisectorial con participación de la sociedad civil. Esperemos una rápida reacción y propuesta del Premier Velasquez Quesquén, a fin de no repetir anuncios presidenciales con mucho ruido pero sin pocas nueces.
Lima, 02 de agosto de 2009.
Gastar bien y rápido, un arte difícil pero no imposible
Gastar bien y rápido, un arte difícil pero no imposible
Por Miguel Prialé Ugás
Las recientes declaraciones del Presidente García y el nuevo Premier Velasquez Quesquén revelan una vez más la alta prioridad (y angustia) del gobierno por acelerar la ejecución del gasto público en inversión: “hay que gastar más, hay que hacer obras”. Revelan asimismo, la evidente debilidad del Estado para gastar rápido y bien.
Acelerar el gasto es siempre un objetivo político, pero también debemos advertir que el Estado es un buque gigante de más de 80,000 millones de soles. Este buque es lento y tiene el timón muy duro, y sin embargo, puede funcionar con cierta eficiencia. Lamentablemente, las soluciones y las decisiones para gastar no han sido efectivas, en buena parte, porque existe mucha desinformación y que termina en mitologías como echarle toda la culpa al SNIP.
Si observamos en las entidades públicas que manejan mucho presupuesto para obras, los verdaderos cuellos de botella para gastar están en 5 puntos:
- No hay personal suficiente, ni personal calificado que sepa navegar bien en los sistemas administrativos del Estado. Se necesita burocracia competente.
- Demoras excesivas para obtener permisos y autorizaciones: ambientales, arqueológicos, disponibilidad de agua, aprobaciones de la UGEL (Educación) o la DIRESA (Salud), etc.
- No se ha completado el saneamiento físico legal y expropiaciones del terreno donde va a hacerse la obra
- Los estudios de los proyectos son deficientes o incompletos, se necesita completarlos o en el peor de los casos rehacerlos.
- Impugnaciones y licitaciones desiertas, que para todo el proceso de ejecución. Los incentivos a impugnar son altos lamentablemente
Ninguno de estos puntos tiene que ver con la normatividad del SNIP. Adicionalmente, existen problemas estructurales típicos como la no disponibilidad presupuestal, cambios repentinos de prioridad, alta rotación de personal, y ciertamente observaciones del SNIP e incluso del órgano de control. Pero ojo, las verdaderas piedras en el zapato no está en cambio en la normatividad, sino en los aspectos de gestión como bien ya lo había advertido un estudio del FONAFE (2006).
Tomando en cuento lo anterior, es un grave error seguir golpeando al SNIP y bajar aún más sus exigencias técnicas. Este es un control de calidad que se debe defender porque contribuye a combatir la informalidad para gastar, que por cierto, es carne fresca para los leones de la corrupción. Recordemos además que el 95% del presupuesto de inversiones 2009, ya pasó por el SNIP. Qué sentido tiene flexibilizar el 5% restante? Otro error que no se debe cometer es perforar los sistemas con excepciones o normas de urgencia para un grupo de proyectos. Basta ver la experiencia del FORSUR que es una “zona franca” para gastar: el avance es casi nulo.
Algunas recomendaciones finales para gastar bien y rápido:
- Escoger las entidades públicas que tienen los mejores indicadores de calidad de ejecución de gasto.
- A partir del primer punto, priorizar y asignar recursos a los proyectos en ejecución que son significativos. Eso implica disponer a los supervisores de obra que presionen para acelerar los cronogramas de los contratistas
- Identificar los 30 proyectos de inversión más importantes que están en fase de licitación y que la OSCE disponga su mejor equipo técnico para asegurar un rápido proceso, sin impugnaciones ni retrasos administrativos
- Identificar los 30 proyectos de inversión más importantes que están en fase de preparación de expedientes, y que los Sectores y el MEF destaquen un equipo de expertos que supervise la adecuada elaboración de los estudios.
- Asignar y garantizar recursos para los estudios definitivos y expedientes técnicos. Facilitar la contratación de equipos especializados (aprobar reglamento del DL REPIPs)
- Que el MEF identifique rápidamente las inversiones de reposición en los principales sectores como transportes, saneamiento e infraestructura social.
Las medidas requieren un esfuerzo conjunto y una alta proactividad del Ejecutivo y también de los gobiernos subnacionales. Las fuerzas son escasas y tenemos que priorizarlas bien, de ahí la importancia de poner todos los recursos en los proyectos más maduros y en las entidades públicas con mayores capacidades. Ciertamente, el problema estructural del personal calificado tiene que corregirse, esperemos que la agencia SERVIR tenga más apoyo para ampliar la construcción de una gerencia pública de alta calidad, que sepa gastar bien y rápido.
Por Miguel Prialé Ugás
Las recientes declaraciones del Presidente García y el nuevo Premier Velasquez Quesquén revelan una vez más la alta prioridad (y angustia) del gobierno por acelerar la ejecución del gasto público en inversión: “hay que gastar más, hay que hacer obras”. Revelan asimismo, la evidente debilidad del Estado para gastar rápido y bien.
Acelerar el gasto es siempre un objetivo político, pero también debemos advertir que el Estado es un buque gigante de más de 80,000 millones de soles. Este buque es lento y tiene el timón muy duro, y sin embargo, puede funcionar con cierta eficiencia. Lamentablemente, las soluciones y las decisiones para gastar no han sido efectivas, en buena parte, porque existe mucha desinformación y que termina en mitologías como echarle toda la culpa al SNIP.
Si observamos en las entidades públicas que manejan mucho presupuesto para obras, los verdaderos cuellos de botella para gastar están en 5 puntos:
- No hay personal suficiente, ni personal calificado que sepa navegar bien en los sistemas administrativos del Estado. Se necesita burocracia competente.
- Demoras excesivas para obtener permisos y autorizaciones: ambientales, arqueológicos, disponibilidad de agua, aprobaciones de la UGEL (Educación) o la DIRESA (Salud), etc.
- No se ha completado el saneamiento físico legal y expropiaciones del terreno donde va a hacerse la obra
- Los estudios de los proyectos son deficientes o incompletos, se necesita completarlos o en el peor de los casos rehacerlos.
- Impugnaciones y licitaciones desiertas, que para todo el proceso de ejecución. Los incentivos a impugnar son altos lamentablemente
Ninguno de estos puntos tiene que ver con la normatividad del SNIP. Adicionalmente, existen problemas estructurales típicos como la no disponibilidad presupuestal, cambios repentinos de prioridad, alta rotación de personal, y ciertamente observaciones del SNIP e incluso del órgano de control. Pero ojo, las verdaderas piedras en el zapato no está en cambio en la normatividad, sino en los aspectos de gestión como bien ya lo había advertido un estudio del FONAFE (2006).
Tomando en cuento lo anterior, es un grave error seguir golpeando al SNIP y bajar aún más sus exigencias técnicas. Este es un control de calidad que se debe defender porque contribuye a combatir la informalidad para gastar, que por cierto, es carne fresca para los leones de la corrupción. Recordemos además que el 95% del presupuesto de inversiones 2009, ya pasó por el SNIP. Qué sentido tiene flexibilizar el 5% restante? Otro error que no se debe cometer es perforar los sistemas con excepciones o normas de urgencia para un grupo de proyectos. Basta ver la experiencia del FORSUR que es una “zona franca” para gastar: el avance es casi nulo.
Algunas recomendaciones finales para gastar bien y rápido:
- Escoger las entidades públicas que tienen los mejores indicadores de calidad de ejecución de gasto.
- A partir del primer punto, priorizar y asignar recursos a los proyectos en ejecución que son significativos. Eso implica disponer a los supervisores de obra que presionen para acelerar los cronogramas de los contratistas
- Identificar los 30 proyectos de inversión más importantes que están en fase de licitación y que la OSCE disponga su mejor equipo técnico para asegurar un rápido proceso, sin impugnaciones ni retrasos administrativos
- Identificar los 30 proyectos de inversión más importantes que están en fase de preparación de expedientes, y que los Sectores y el MEF destaquen un equipo de expertos que supervise la adecuada elaboración de los estudios.
- Asignar y garantizar recursos para los estudios definitivos y expedientes técnicos. Facilitar la contratación de equipos especializados (aprobar reglamento del DL REPIPs)
- Que el MEF identifique rápidamente las inversiones de reposición en los principales sectores como transportes, saneamiento e infraestructura social.
Las medidas requieren un esfuerzo conjunto y una alta proactividad del Ejecutivo y también de los gobiernos subnacionales. Las fuerzas son escasas y tenemos que priorizarlas bien, de ahí la importancia de poner todos los recursos en los proyectos más maduros y en las entidades públicas con mayores capacidades. Ciertamente, el problema estructural del personal calificado tiene que corregirse, esperemos que la agencia SERVIR tenga más apoyo para ampliar la construcción de una gerencia pública de alta calidad, que sepa gastar bien y rápido.
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