YO INVESTIGO, YO ACUSO, YO DENUNCIO…YO INSULTO?

Durante estos primeros meses, la gestión municipal de Lima ha estado bajo una estricta fiscalización por parte de los regidores de oposición y de un sector de la prensa. Han vigilado muy de cerca nuestros compromisos de campaña, el cumplimiento de nuestras declaraciones públicas y la eficacia de nuestras acciones en las calles.

Eso está muy bien. La fiscalización reduce los riesgos de corrupción, evita los abusos del poder político, mejora la eficacia de la gestión y obliga a un ejercicio fundamental de la democracia: informar de las decisiones de gobierno que afectan a los ciudadanos.

La fiscalización no nos molesta, al contrario, la promovemos. Siempre repetimos a los funcionarios públicos que nadie tiene por qué incomodarse. Nuestro poder legislativo que es el Concejo Municipal y sus regidores tienen todo el derecho a pedir explicación y a exigir información sobre las acciones que se toman (o se dejan de tomar) en la administración. Los regidores (como los congresistas) están haciendo su trabajo.

Sin embargo, en estos meses todos hemos observado que el gobierno municipal de Lima ha sido blanco de una campaña en contra muy dura. En el extremo, por un sector, a mi juicio, irresponsable que sustenta la vacancia; y en el resto opositor, con un objetivo claro de arrinconar a la gestión para que llegue lo más débil posible al 2015.

Pero dejemos de lado esa campaña política, regresemos a la práctica de gobernar y al rol fiscalizador de la oposición. Se han hecho un conjunto de acusaciones que son de conocimiento de la opinión pública. Y no estamos hablando de críticas políticas (aun las más duras), estamos hablando de acusaciones graves de hacer “faenones”, de favorecer licitaciones, de llenarnos los bolsillos, todas sin mayor fundamento que la información parcializada, la opinión desinformada, o peor, de una posición voluntariamente sesgada. Todas estas acusaciones han sido respondidas y aclaradas por la gestión municipal, pero hasta qué punto debemos continuar con este juego político?

Muchos consideramos que hay una clara motivación política por presentar a la actual administración de incompetente e ineficaz. Magnificar sus errores y omisiones al máximo, ponerle todos sus reflectores a sus deficiencias y, especialmente, aquellos donde se pueda acusar de corrupción y así desvirtuar su principal activo.

No importa que haya un equipo honesto que quiera hacer las cosas bien, lo que importa es que cometa errores para pedir su renuncia; no importa que haya un equipo responsable que ejecute el presupuesto público, lo que importa es que se demora mucho y no ejecuta obras; no importa que haya un equipo competente que tome decisiones en defensa del interés público, lo que importa es darle tribuna a los intereses particulares perjudicados.

Algunos ejemplos son el caso de la licitación que ganó Telefónica a Claro, donde se quiso cuestionar al comité técnico de la MML de manipular el resultado. Dos días después de la acusación, la empresa Claro reconoció públicamente que no tenía ningún problema con los resultados del concurso. Luego el Sistema de Control emite un informe donde reafirma que todo el concurso de hizo de acuerdo a ley. Otro ejemplo fue el caso de la venta de inmuebles de la Beneficiencia, decisión cuestionada por considerar que la Municipalidad no tenía competencia para vender activos de esa institución recientemente transferida. La acusación quedó desvirtuada con los documentos presentados, pero también por la posición expresada por el Mimdes, el INABIF y la propia Presidencia del Concejo de Ministros encargada de supervisar el proceso de transferencia.

Recientemente ha surgido otro caso, pero donde la fiscalización ha pasado rápidamente a la denuncia y a la falta de respeto. Un regidor de oposición ha acusado públicamente a la gestión municipal de llevar adelante una licitación arreglada para favorecer un postor en compras de equipos de radio. Estos equipos servirían para modernizar nuestro sistema de comunicación del serenazgo. La denuncia fue hecha en cuanto medio televisivo, radial y escrito que lo acogiera, sin esperar la respuesta o escuchar la versión de la administración municipal. Simplemente, el regidor acusó con toda la comodidad que la libertad de expresión y la democracia nos da en el Perú.

La denuncia ya ha sido, como siempre, aclarada por la Municipalidad. No hay ningún faenón. La licitación se canceló por razones 100% técnicas y se presentó el informe del Sistema de control que concluye que para este proceso específico, la acusación carece de sustento y se desvirtúa que la licitación estuviera dirigida a un postor.

Luego de estas decisiones, el nivel de reacción del regidor superó largamente, a mi juicio, el buen nivel del ejercicio de la política y específicamente de la función de fiscalización. Aquí hemos observado un estilo político que ha pasado del Yo investigo, Yo fiscalizo, al Yo Denuncio, Yo Acuso e incluso Yo Insulto. La gente está harta de ello. Es un veneno que debe inmediatamente extirparse de la buena práctica política.

La Representación tiene todo el derecho de fiscalizar a la Administración, es el equilibrio de poderes que toda democracia tiene. Pero una cosa es Yo investigo, y otra cosa es Yo Acuso, Yo Insulto. Eso no le hace bien a la oposición, no le hace bien a la gestión, no le hace bien a nadie.

El Yo Denuncio, Yo Acuso es un juego político muy utilizado y muy eficaz para cuestionar las gestiones y decisiones de gobierno. La denuncia y la acusación son acciones que todo político y funcionario público debe estar dispuesto a recibir, pero con una condición: que se discuta primero en los espacios institucionales.

Muchos consideran que esas son las reglas del juego político y que uno debe saber responder con los mismos argumentos políticos. Vale decir, en el mismo Concejo Municipal, enfrentar al adversario político y desenmascarar sus falsas acusaciones, cual perro de presa como se decía en el Senado Romano. Ello especialmente cuando las acusaciones terminan faltando el respeto entre representantes y a la misma autoridad municipal como es el Alcalde. Inaceptable.

La administración y los funcionarios públicos tienen todo el derecho de hacerse respetar cuando son acusados alegremente en público de malversación o de corrupción. Eso se llama difamación y calumnia. Porque una cosa es que te cuestionen la eficacia y la eficiencia de tus acciones y decisiones, pero otra muy distinta es que te acusen de corrupto y de llenarse los bolsillos con la plata pública. Eso indigna a cualquiera. No es bueno que la administración y la representación lleguen a esos niveles de confrontación.

Personalmente, creo que ahora sí tenemos un Concejo Municipal, con verdadero nivel y debate político y eso no se veía hace muchísimo tiempo. A la bancada de la Confluencia, se suma la presencia de algunos miembros de partidos políticos con experiencia como el PPC, Perú Posible y Solidaridad que han marcado una diferencia sustancial. Necesitamos aprovechar positivamente ese cambio cualitativo y mostrar a los limeños que se puede hacer política de buen nivel para nuestra capital, que tanto lo necesita.

M/P