domingo, 25 de abril de 2010

Educación e innovación en el Perú: inversión pública para el conocimiento.

“…La rentabilidad a las inversiones en capital humano es sustancialmente mayor que las inversiones en capital físico. (…) el capital no tiene que manifestarse en una cosa tangible, y cosas que hasta hace poco se consideraban consumo, son en efecto gastos que permiten elevar la productividad de un país” Ernesto FONTAINE “Evaluación social de proyectos”


En el Perú, la inversión pública ha priorizado reducir los déficit de infraestructura. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en el 2007-2010 los sectores que más proyectos de inversión han aprobado son: Transportes, Saneamiento, Agricultura y Educación. Esta priorización se ha expresado en la asignación presupuestal de los proyectos. Por ejemplo, en el 2009 estos sectores ejecutaron más de S/.13,000 millones, que representa 70% del total. Así, es posible afirmar que durante el presente gobierno, existe una fuerte asignación de recursos a carreteras, caminos, agua potable, desagüe, riego y colegios.

Específicamente, el sector educación ha invertido en el 2009 S/.2,100 millones, 99% en proyectos de infraestructura. Sin embargo, no toda la inversión es, ni debe, ser ladrillo y cemento. A diferencia de otros sectores, la inversión en educación no está necesariamente asociada a la infraestructura, sino en las inversiones para mejorar la calidad de la enseñanza. Ello signigica invertir en el maestro, en las mejoras pedagógicas (materiales didácticos), estrategias metodológicas (de aprendizaje y de aula), en las mejoras de técnicas de seguimiento y control de resultados. En resumen, en la inversión del conocimiento.

Lamentablemente, la inversión pública en educación ha priorizado la construcción y remodelación de colegios, especialmente en el nivel subnacional, aunque debemos mencionar los esfuerzos del Ministerio de Educación en desarrollar innovadoras intervenciones para mejorar la calidad de la enseñanza. Sin embargo, está lejos de ser una priorización de política pública si la medimos por el presupuesto de inversión asignado.

El mismo ejercicio podemos hacer en el sector de ciencia y tecnología. ¿Cuánto invierte el Estado en desarrollar conocimiento en las instituciones y entidades de alta especialización como las universidades o los centros de investigación estratégica? En el 2009, según cifras del MEF, 30 millones de nuevos soles. Casi nada, lo que se observa son grandes “inversiones” de las universidades en nuevas infraestructuras de dudosa efectividad. Los últimos esfuerzos interesantes que se conocen son el Fondo de Ciencia y Tecnología FINCYT y el Proyecto INCAGRO MINAG, con apoyo de la banca multilateral. A eso debemos agregar un Fondo con recursos nacionales creado en el 2006 por más de 200 millones pero que no ha empezado a funcionar, y de hecho, aun no se sabe si operará como inversión o como simples transferencias.

El Perú necesita invertir en educación e innovación. Y quisiera exponer algunas razones para sustentar esta prioridad de política pública.

La inversión pública ha estado asociado a la mejora de servicios que los economistas llaman bienes públicos. Es decir, aquellos bienes donde el sector privado no tiene incentivos para proveerlos o lo hace de manera ineficiente. Por eso los Estados gastan e invierten en caminos rurales, en justicia, en seguridad ciudadana, en defensa nacional, en prevención de desastres, etc. Difícilmente podemos pensar que esos servicios pueden tener participación privada, es una responsabilidad exclusiva del Estado.

Pero los Estados también comparten provisión de servicios con el sector privado, como la salud, la educación y la innovación. Estos bienes no son “bienes públicos” sino “bienes preferentes” según las definiciones teóricas económicas, y requieren atención del Estado por tres razones principales: 1) tienen fuertes efectos positivos (externalidades) 2) su provisión privada es sub óptima y 3) es de interés nacional por objetivos estratégicos de competitividad.

En consecuencia, la inversión pública está también dirigida a bienes privados o semi públicos, no hay que sorprenderse por ello. Ya lo hace el Estado en bienes “privados” como letrinas familiares, titulación de tierras o en canales de riego, entre otros bienes de uso particular. ¿Por qué lo hacemos? Pues como mencionamos antes, porque tiene enormes beneficios sociales (externalidades) que al país le interesa desarrollar como la reducción de enfermedades diarreicas agudas, la seguridad jurídica o la gestión del agua.

La inversión pública no está restringida a mejorar los servicios de una Entidad Pública, sino a los servicios al ciudadano o al usuario, de ahí la noción de servicio público. Ciertamente, el recurso público tiene que gastarse a través de una entidad del Estado competente por Ley, pero eso no significa que la provisión directa del servicio sea del Estado. ¿O acaso pensamos, por ejemplo, que los canales de riego son operados por el Estado? Ese servicio es responsabilidad de la Comisión
de Regantes que es una asociación 100% privada.

En educación e innovación, la sustentación técnica se apoya en estos argumentos. Se trata de bienes de alto interés para el país, aun cuando los economistas lo llamemos bienes privados o semi públicos. En el caso de la innovación tecnológica, el servicio no es exclusivo del Estado. Al contrario es una especie de “asociación público privada” con instituciones y agentes de cambio proveedores del servicio, donde el Estado puede aportar con el financiamiento. Por eso es importante el rol del Estado no solo como proveedor directo, sino como socio colaborador con el sector privado, incluyendo el financiamiento de proyectos.

Estas consideraciones pueden ayudar a reorientar la inversión hacia el conocimiento y no la infraestructura. Una inversión pública activa en innovación puede cambiar el patrón de construcción de colegios y auditorios, o compras de laptops y equipos costosos pero ineficaces. Debemos recordar, como lo hace la lógica del presupuesto por resultados, que lo que tenemos que cambiar son los indicadores de calidad educativa (lógica matemática, comprensión de lectura, etc) y de progreso científico.

Todos tenemos derecho a estudiar en un colegio sin techos que se caen, sin lunas rotas o baños penosos; a investigar con bibliotecas o laboratorios apropiados y seguros, pero eso no es suficiente para mejorar la calidad educativa ni desarrollar el conocimiento. Es necesario romper con el mito de la inversión en ladrillo y cemento. Ciertamente, es un componente necesario pero no es el más importante. Invertir en innovación y educación es básicamente invertir en capital humano, y no en capital físico.

La inversión en capital humano está sustentada por los enormes beneficios sociales a la productividad agregada de la economía. Es un claro efecto positivo (externalidad) y que ha sido muy estudiado en la literatura económica del crecimiento. En los países desarrollados es una política pública e invierten directamente en la educación básica y superior, así como de las instituciones de investigación científica estratégica. Los fondos estructurales europeos asignan recursos para cofinanciar proyectos de innovación y por supuesto, los criterios para acceder a esos recursos son abiertos y rigurosos. Los proyectos deben mostrar, y demostrar, su contribución al conocimiento y al desarrollo tecnológico en campos de interés público como las prácticas ambientales limpias o el cambio climático. En algunos casos, la provisión es compartida con el sector privado, al igual que el financiamiento.

Podemos ver también los casos exitosos en la región como Chile, Colombia y Brasil. La decisión como política pública existe, y por lo tanto se asignan importantes recursos estatales a dichos sectores. La discusión más compleja, es ¿cómo se hace, en qué condiciones y para qué?

Como lo mencionamos anteriormente, existen dos proyectos de innovación con excelentes resultados en el Perú: INCAGRO y el FINCYT. Fondos que han financiado, mediante mecanismos transparentes, cientos de proyectos de innovación. El objetivo es promover mediante cofinanciamientos, el desarrollo de iniciativas que contribuyan a la expansión del conocimiento tecnológico en determinados sectores como agricultura o agroindustria entre otros. Así, mediante un mecanismo concursal se ha buscado desarrollar la innovación en el país y que ha mostrado excelente resultados según las evaluaciones del Banco Mundial y el BID. De hecho, es posible afirmar que INCAGRO y el FUNCYT son Unidades Ejecutores de muy buen nivel. Esta experiencia puede perfectamente replicarse en los niveles regionales y locales donde está la mayor parte de recursos de inversión.

Una preocupación legítima desde el Estado es que esa contribución no sea de beneficio particular, sino que principalmente, desarrolle la innovación en su dimensión agregada, sea en su nivel básico estratégico o adaptativo. Es la misma preocupación cuando el Ministerio de Agricultura aprueba construir un canal de riego o una represa. Si bien no será de uso público y abierto porque eso beneficiará en forma exclusiva y privada a un grupo de agricultores (ver programas del Pronamachcs o el PSI), tampoco puede ser una obra para beneficiar a un grupo empresarial o a la familia del jefe de la comunidad. Sabiendo estas restricciones, el Estado invierte y seguirá invirtiendo en proyectos de riego.

Invertir en educación e innovación requiere ciertas condiciones, mucho más cuando se trata de recursos públicos. Los mecanismos transparentes y concursables que ya se conocen evitan cualquier discrecionalidad o mal uso, por lo que será importante que el Estado pueda perfeccionar estos mecanismos y ampliar su cobertura. En un contexto de apertura económica y de crecimiento, la inversión en innovación es una prioridad. Caso contrario, corremos el enorme riesgo de primarizarnos en sectores de escaso valor agregado, y eso como sabemos, es inviable para nuestro desarrollo.

m/p

domingo, 18 de abril de 2010

La función pública y la militancia política: una experiencia personal

Como economista de formación he tenido la oportunidad de trabajar en la función pública. Empecé como analista de proyectos, en el equipo que a fines de los años 90s trabajó en la construcción del ahora Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). En esos años, el régimen de Alberto Fujimori había entrado ya en crisis, producto no solo del autoritarismo (control de medios, persecución a los opositores, etc) sino también de la enorme corrupción. Sin embargo, decidí trabajar en el Estado, y por varias razones. Primero porque quería ser funcionario público. Segundo, porque siempre me interesó la cosa pública, las políticas macroeconómicas y los proyectos de desarrollo. Y tercero, porque era una oportunidad para trabajar en un área de primer nivel como lo es el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF).

En el año 2000, poco antes de irme al extranjero para seguir mis estudios de mi primera maestría, participé en la Marcha de los 4 suyos. Estuve los 3 días, desde la fiesta democrática del 26 de julio hasta la represalia con bombas lacrimógenas del 28(incluido incendio del Banco de la Nación). Por qué lo hice? Como los miles y miles que viajaron de todo el país, porque creía que la re-reelección de Fujimori era una barbaridad, un suicidio como democracia y un completo fraude político. Lo hice también porque militaba ya en el partido Social por la Democracia Social (PDS) el cual criticaba ferozmente al gobierno de Fujimori.

En el año 2001, ya en el gobierno de Alejandro Toledo, me tocó trabajar en el Ministerio de Agricultura, siempre en el área de proyectos y del SNIP. Tuve la suerte de contar con jefes de gran calidad profesional y técnica, que incluso me apoyaron cuando tuve algunas entusiastas acciones de control contra algunos “respetables” ejecutores de la Chakana. Durante esos dos años, trabajé activamente también en la inscripción de mi partido que participó en las elecciones generales del año 2006. Sin embargo, nunca mezclé ambas actividades y no tuve felizmente conflictos de interés, salvo quizás el TLC pero se empezó a discutir cuando ya había dejado el ministerio.

Así seguí mi carrera profesional y mi militancia política. He vivido con esta elección, y he tratado de hacerlo de acuerdo a lo que he considerado correcto. Eso no ha sido fácil porque muchas veces he tenido que tomar distancia de las acciones y posiciones de mi partido. Así también, he tenido que levantarme muchas veces de mi escritorio de burócrata para participar activamente y defender mis convicciones políticas. Como ciudadano, me es imposible enterrar mi cabeza como avestruz y desentenderme de lo que pasa en el país. Y sin embargo, he buscado siempre que no haya una incompatibilidad con mi ejercicio profesional.

Algunas veces me tocó rechazar propuestas de alta dirección en la función pública, puesto de confianza como le decimos nosotros. Las rechacé porque consideré que iba a tener un conflicto permanente de interés con mi militancia política. Eso se produce cuando la política oficial es abiertamente contraria a mis ideas y posiciones políticas. Cómo podría ayudar con un cargo de alta dirección si no estaba de acuerdo en los grandes objetivos?

Pero también es cierto que he asumido funciones de responsabilidad y donde he considerado que no existía incompatibilidad. Por ejemplo, cuando acepté ser director general en el MEF, como jefe del SNIP en el 2006. Lo hice primero porque toda mi carrera pública la hice evaluando y monitoreando proyectos, soy literalmente un SNIPólogo y creí que podía aportar al país. Pero también lo hice porque en el MEF hay autonomía para trabajar técnicamente, y porque tenía un Ministro y un ViceMinistro que muchos quisieran haber tenido oportunidad de trabajar. Ciertamente, al asumir esa responsabilidad tuve que pedir licencia en mi Partido. No me lo pidió mi jefe en el MEF a quien por supuesto informé antes de aceptar; quizás no era necesario, pero lo hice. Lo que no dejé de hacer es asistir a las reuniones de mi partido, a aportar puntualmente mi cotización económica, e incluso a participar en alguna que otra asamblea nacional.

Nunca mientras estuve en esa función, algún militante de mi Partido me llamó para pedir algún favor. Recuerdo además que varios amigos políticos se “molestaron” cuando les observaba proyectos de altísima prioridad para ellos. Debo incluir en esta lista a mis buenos amigos del gobierno regional de San Martín, de Cajamarca y del Programa Sierra Productiva, entre otros. Cuando salí del Estado, les recordé esos momentos y como buenos políticos que son, me dijeron que entendían la posición técnica, y que mi posición y simpatía política hacia su trabajo, poco podía hacer para cambiar los informes técnicos (con riesgo a equivocarme). Lo mismo me sucedió con otros líderes regionales, con quienes luego trabajé como consultor.

Nunca un miembro de mi Partido me llamó para alguna reunión o tratamiento especial.
Y espero que no lo hayan hecho porque sabían cuál iba a ser mi respuesta. La evaluación técnica de un proyecto no tiene nada que ver con las ideas políticas. Ciertamente, cuando había que colaborar, que “desatorar” proyectos, lo hacía gustoso independientemente de quien fuera. Así lo hice con el Presidente de Huancavelica, no solo otrora primer ministro de las épocas más negras del fujimorismo, sino un crítico agudo del SNIP.

En estos 10 años en la función pública, he tratado de ejercer mi profesión y mi militancia con la mejor compatibilidad. Es posible que las convicciones políticas puedan convivir con el profesionalismo en la función pública, solo tenemos que escuchar nuestra conciencia. Eso implicó muchas veces quedarme callado en mis ideas políticas. Si había aceptado ejercer un cargo de confianza, por más autonomía técnica, sabía perfectamente que debía sacrificar mis opiniones, por lo menos públicamente. Si quería opinar libremente, entonces debía hacer mis cajitas e irme a mi casa. De hecho, eso fue lo que hice cuando dejé la función pública en el año 2008.

Posteriormente, como consultor económico, he seguido ligado a mi ejercicio profesional como experto de proyectos SNIP, de gestión y de políticas públicas. Tuve la suerte además de ser convocado por una empresa de gran prestigio como Macroconsult, que me dio la oportunidad de ejercer mi profesión en un proyecto en Ancash. Allí me tocó asistir a gobiernos locales en la formulación de proyectos, con muchos recursos pero también mucha corrupción (pero eso es materia de otro artículo). Recuperé mi libertad de opinión al 100%, empecé a escribir artículos en medios y por supuesto, asumí mi plena actividad partidaria. Ello felizmente no ha afectado mi “prestigio” profesional y sigo teniendo, gracias a Dios, oportunidades laborales con instituciones serias nacionales e internacionales.

Por qué he escrito estas líneas? Déjenme compartir con ustedes un caso que acaba de sucederme como consultor económico y como miembro de un partido político.

Un diario de Iquitos ha acusado a la alcaldesa del distrito de San Juan Bautista de favorecerme con una consultoría sobre un proyecto SNIP de educación que hice el año pasado. Se acusa directamente de ser una consultoría “bamba”. Se afirma con “solvencia” periodística que es una consultoría con signos de plagio y que indica fuertes irregularidades en la contratación de un consultor “foráneo”.

El reportaje ha continuado toda la semana y me ha motivado reflexión y también indignación. El caso no deja de ser interesante por la justa preocupación de la prensa en denunciar los favoritismos partidarios. Ciertamente, eso es inaceptable y merece siempre la vigilancia plena de la sociedad civil. Aquí la cuestión es que eso debe hacerse pero con justa rigurosidad, con la armas acusadoras debidamente sustentadas. Caso contrario, el efecto es el opuesto, se destruye el buen ejercicio profesional en el Estado que tanto necesitamos.

¿Cómo llegué a hacer una consultoría en este municipio distrital de Iquitos? La alcaldesa es una de esas tantas autoridades que conocí en el MEF como jefe del SNIP. Por cierto, una de las mejores alcaldesas, no solo por su impecable honestidad (tan difícil de encontrar ahora) sino por su capacidad de gerente público, otra gran cualidad que escasea en el Estado. También conocí a varios de sus funcionarios, todos muy entusiastas con la responsabilidad municipal y que visitaban el MEF para acelerar los siempre complicados procesos en el SNIP y en Presupuesto. Cuando me contactaron para asistirlos en temas de proyectos, me ubicaron por mi dirección de correo que uso profesionalmente.

Acepté gustoso asistirlos y participar en el concurso, el cual me fue adjudicado según las normas del Estado. Necesitaban hacer un proyecto para mejorar la calidad de la educación en San Juan. Lo hice con la mejor disposición porque todos los que conocemos el Estado, sabemos que no es fácil relacionarse si la institución no es seria. Existe demasía informalidad y demasiada corrupción. No era el caso de San Juan, a quien se le reconoce como municipio responsable.

Presenté el proyecto pero, contra mi experiencia previa, no logré convencer al evaluador SNIP que el proyecto fuera aprobado. Aunque a mi juicio, el evaluador hizo observaciones más de forma que de fondo, no logré alcanzar la meta de la aprobación. Ello me produjo mucha frustración porque el proyecto era producto de un enorme esfuerzo del equipo educador de la misma municipalidad. Un equipo de educadoras que me sorprendió por la claridad de su diseño pedagógico, y que sustentamos con un completo diagnóstico y un detallado presupuesto. Mi función era ayudarlas a sustentar como proyecto SNIP de inversión social, cambiando el patrón pernicioso de que la inversión es solo ladrillo y cemento. Lamentablemente, no se pudo, el evaluador y su jefe consideraron que no había el sustento técnico necesario. En estas idas y venidas habían pasado más de 6 meses, cuando todo debía hacerse en dos como máximo. Por mi parte opté por solicitar resolución del contrato dado que debía partir al extranjero por un largo periodo, y que es donde estoy escribiendo este artículo ahora.

Esta historia del proyecto ha sido divulgada en un medio de prensa de Iquitos, pero con una versión negativa recargada. “Un consultor bamba ha engañado al municipio, ha plagiado un documento, y lo más grave, milita en un partido político al igual que el Gerente de Desarrollo Social para quien hizo el trabajo”. Aparecen correos electrónicos, que no tengo ningún problema en reconocer, y donde se acusa de favoritismo. Por cierto, eso de filtrar a la prensa información de comunicación interna de trabajo no dice mucho a favor del funcionario que lo hizo (por no decir otra cosa). No he visto ninguna declaración de este señor, cuyo contrato no ha sido renovado y que parece ha sido motivo de su reacción acusadora. Si ha llegado a ese nivel, una declaración con una entrevista sería interesante. El punto es que el reportaje ha bombardeado de acusaciones a la alcaldesa y al gerente de desarrollo en una campaña que no deja de sorprender por los adjetivos utilizados.

Las acusaciones se responden directamente, como ya lo ha hecho públicamente el municipio. El supuesto plagio que menciona el evaluador se base en tres líneas de un documento de 138 páginas donde cometí el error de mantener en el diagnóstico general, una referencia errónea a un proyecto de calidad educativa Ancash. Lo de consultor bamba es un adjetivo injusto que espero rectifiquen. Y haber cobrado sin terminar es inexacto pues el primer pago corresponde a la entrega e inscripción del proyecto según el contrato firmado. El no haber logrado la aprobación no es lo deseable ciertamente, pero sucede en la mayoría de los proyectos SNIP, solo tienen que darle una mirada al banco de proyectos. Espero que el medio rectifique su acusación de “consultoría para tirar al tacho”. Será bueno que soliciten opinión de otro experto SNIP.

El Proyecto lo trabajé con el equipo especialista municipal, con quien tuve una comunicación permanente y directa, en reuniones, por teléfono y por correo mucho (pero muchísimo) más activa. Por su parte, el Gerente de Desarrollo Social que pertenece a mi Partido, recién lo conocí cuando empecé la consultoría. Debo afirmar además que cumplió técnicamente con su trabajo y de hecho, me hizo ajustar la primera versión que entregué con observaciones que hizo el equipo de educadoras, antes de enviarlo formalmente al evaluador del SNIP (recién allí aceptó hacer el primer pago). Ahí están también los correos donde, como decimos en el argot del SNIP, me hicieron “ranear” una vuelta al estadio hasta entregarles un documento satisfactorio para sus intereses. Felicitaciones al equipo, así da gusto trabajar. Claro, estos correos no le interesan a la prensa y no vende tanto como la acusación de favoritismo.

Pero lo más grave, y que me genera reacción, es la campaña contra la gestión municipal de San Juan Bautista de Iquitos. Ese municipio debe ser uno de los más destacados en su gestión en el Perú, aun con el bajo presupuesto que tiene para la enorme población en el distrito. El equipo municipal está haciendo reformas de fondo en su política local, especialmente en el nivel social que tanto se necesita. Acusar a la autoridad de “señora trafa” es para indignarse. Me pregunto si los compatriotas de San Juan son conscientes del maltrato que están haciendo a su alcaldesa.

Me gustaría que esa señora estuviera en mi partido, para defenderla con todos nuestros medios. No lo está, no pertenece, y dudo que por ahora, ella y su movimiento quieran comprometerse con un proyecto nacional. Demasiados problemas. Y sin embargo, esa alcaldesa ha tenido la calidad moral de declarar públicamente su admiración y simpatía por el trabajo de nuestro Partido. Muchas gracias por ello, aunque las veces que estuve en Iquitos no tuviéramos oportunidad para hablar de proyectos políticos comunes.

Ejercer la función pública nunca ha sido fácil, y menos hacer política partidaria decente. Hacer las dos cosas es mucho más difícil en el Perú. Antes me preguntaba (y angustiaba) sobre cómo hacían los políticos en otros países. Cómo se ganaban la vida? Cómo arreglaban su agenda si decidían ser funcionarios públicos y tener militancia partidaria? Felizmente, mis colegas en el extranjero me dieron una respuesta contundente. En la Escuela de Administración Pública donde estudié mi segunda maestría, se forma los mejores funcionarios públicos, los que asumen los cargos de alta dirección en el Estado. Oh sorpresa, los partidos políticos de ese país y de otros incluso, mandan a sus mejores cuadros allí. Ese es el perfil que he estado trabajando y creo que es perfectamente compatible en el Perú, a pesar de las suspicacias de cierta prensa.

Quiero terminar reconociendo públicamente el trabajo del municipio de San Juan Bautista, a su alcaldesa y a su equipo. Lo hago como experto en gestión pública. Necesitamos en el Perú recuperar la confianza y la credibilidad en las personas que tienen vocación de servicio, honestidad y excelencia en el Estado.

m/p

lunes, 5 de abril de 2010

La moral y la política, y el viejo dicho del "fin justifica los medios”

No mentir, no robar, no matar.

Reglas morales que nos enseñaron en el colegio y en la casa, y que todos estamos de acuerdo que son valores morales que nuestros hijos deben cultivar. Estos valores también fueron llevados al arte de gobernar, a la política, y ha sido intensamente discutidos en el pensamiento y filosofía política desde la antigüedad al día de hoy. Y sin embargo, la discusión no ha terminado.

Hoy leí un artículo de José Barba Caballero, ex parlamentario y político peruano experimentado, hablando sobre la incompatibilidad entre la moral privada y la moral del Estado (http://www.correoperu.com.pe/correo/columnistas.php?txtEdi_id=4&txtSecci_parent=&txtSecci_id=84&txtNota_id=322720). En este texto, el pensamiento “práctico” y hasta “amoral” es defendido en aras de objetivos supuestamente superiores del Estado como el orden, el bien común o la paz.
Repasemos uno por uno los ejemplos y argumentos del artículo en mención.

En primer lugar se afirma que ganar la guerra contra al terrorismo en el Perú era un objetivo superior, y cualquier exceso, como violaciones, matanzas y demás, eran inmorales pero tolerables o incluso perdonables por la sociedad, puesto que se había logrado el objetivo. Total, el único que tiene el monopolio legal para matar es el Estado, y aquí lo que se definía era “o ellos o yo”. El fin justifica los medios, se acuerdan?

En segundo lugar, el texto critica la decisión del presidente Paniagua de desactivar del servicio de inteligencia porque, aun siendo un trabajo sucio, es absolutamente necesario en los países. Sí, es cierto, el servicio de inteligencia es necesario, pero no el que había construido Vladimiro Montesinos. ¿O acaso creemos que ese Servicio era el que los Estados y sus ciudadanos necesitan?

En tercer lugar, según esta filosofía, la “moral” de la política se apoya en las exigencias de la realidad, y no en consideraciones morales privadas. Me hizo recordar las palabras de Tom Hagen, Consiglieri de la familia Corleone, al nuevo Padrino “hay cosas que no se dicen, se hacen y punto. A nadie le gusta pero se tiene que hacer”. Seguidamente mató a su hermano por traidor. El artículo concluye con contundencia lógica que, dadas las razones expuestas, el que tenga conciencia no debe hacer política.

Como dijimos al comienzo, muchos pensadores han hablado de la relación entre la moral y la política. Si bien Maquiavelo es uno de los pioneros de la filosofía Barba Caballero, también es cierto que los Estados hace tiempo que han avanzado en materia de valores morales en las sociedades. Por eso ahora tenemos códigos civiles y penales más completos, tenemos un derecho de la competencia más desarrollado, tenemos cartas y compromisos sobre derechos humanos, contra la discriminación, trata de personas, prostitución infantil, etc.

Esto de separar la moral privada y la moral de la política no deja de ser un espejismo ideológico. Ciertamente, el Estado es la fuerza colectiva que necesitan las personas para convivir, pero de ninguna manera, ese poder delegado puede servir para aceptar valores amorales como mentir, robar o matar. Y si alguien argumenta que el bien común puede vulnerar los derechos de una persona individual, debemos recordar que el liberalismo hizo su gran contribución a la humanidad cuando los países suscribieron la carta universal de los derechos humanos en la ONU.

Finalmente, debemos recordar que la política no es solo el arte de gobernar, sino también el arte de la conducción y la representación de las personas y sus valores. Un político, como un intelectual, un deportista, un artista, un maestro, no solo es su talento, sino también un ejemplo y un referente para los demás. En el caso del político, la responsabilidad de dar el ejemplo es mayor, porque expresa con su conducta y su coherencia cómo las personas quieren vivir. Por eso, la política y la moral van de la mano.