El APRA no es un partido revolucionario. No lo fue en 1985-1990 y no lo ha sido en el 2006-2009, por lo menos en cuanto a gobierno y gestión pública se refiere. Debemos reconocer sí que en esta segunda oportunidad, su propuesta de gestión ha sido más “responsable”. Pero seamos francos, y poniendo el ejemplo de la política económica ¿alguien en su sano juicio podía optar por otro camino que no sea la responsabilidad monetaria y fiscal? En todo caso, demos gracias al Sr Carranza y al Sr Velarde por tener la muñeca firme.
Sí debemos reconocer que el APRA ha continuado políticas de Estado como son la consolidación de la apertura comercial y el manejo de la deuda. Fuera de ello, mucha innovación y creatividad no hemos visto, especialmente en las capacidades para tener un Estado que sepa hacer su trabajo.
Los dos grandes resultados que puede mostrar este gobierno son: la alta tasa de crecimiento y la importante reducción de la pobreza. No sé la mayoría, pero a mi me da la impresión que ese es un mérito del sector privado. Es decir, avanzamos, a pesar de tener el Estado que tenemos. Sino, observemos donde se ha reducido más la pobreza y donde hay pleno empleo: en la costa y en las regiones donde los mercados se desarrollaron más. Y el resto? Esa no es tarea del Estado?
Hay una crítica frontal para el APRA: este gobierno no sabe gastar bien.
Y eso es porque no ha podido armar y mantener equipos de calidad para ejecutar los millones de inversión que la coyuntura le ha dado. El mejor indicador de debilidad es observar quienes son los gerentes de las principales Unidades Ejecutoras del país: Provias del MTC, Agua Para Todos, Foncodes, Electrificación, los proyectos especiales del ex INADE, etc. A ello se suma las desastrosas creaciones como Sierra Exportadora o las lamentables deficiencias persistentes en sectores claves como Educación y salud. En su desesperación, este gobierno modificó la normatividad del SNIP y de Contrataciones. Su objetivo, reducir plazos aun a costa de la calidad de los procesos. Una pésima decisión.
Felizmente, hay islas de modernidad. Agrorural en el Ministerio de Agricultura es ciertamente una excepción, tomando en cuenta el desastroso manejo en la gestión anterior. Lamentablemente, el presupuesto a esa Entidad está muy por debajo de las necesidades que enfrenta en la sierra altoandina. Sedapal y Electroperú son empresas con personal calificado, pero fuertemente limitadas por las decisiones en las tarifas de los reguladores.
Entonces, a la pregunta si el APRA ha construido burocracia competente que es una de las reformas que todos los peruanos pedimos a gritos, la respuesta es NO. El partido de la estrella no ha hecho ninguna revolución, ni una reforma, ni siquiera un intento bien hecho. El único mérito que debemos reconocer y que esperamos que el siguiente gobierno siga apoyando es la creación de la Agencia SERVIR. Si esa decisión se tomaba en el 2006 y con mucho más agresividad, quizás ahora podría mostrar resultados. Pero no importa, lo importante era empezar y mérito a su equipo competente y con mucho empuje frente tantas resistencias.
Pero veamos este tramo final con optimismo. Se ha afirmado con cierta convicción entre los analistas políticos, que las reformas más importantes de un gobierno se hacen en el primer y segundo año. Luego, la gran mayoría de decisiones están asociadas a su implementación y a la defensa de las críticas opositoras. Pero ello no es así. El último año es también un espacio clave para presentar reformas. Fujimori creó el SNIP en el 2000. Toledo y el congreso aprobaron en el 2006 el polémico TLC con los Estados Unidos.
Así pues, el APRA tiene aun una oportunidad para hacer reformas importantes. Solo para mencionar los temas vinculados al gasto público, a mi juicio una de las mayores deficiencias de este gobierno, tenemos: 1) profundizar el presupuesto por resultados en los principales programas de educación y salud 2) modificar la ley y distribución del canon 3) establecer una escala remunerativa competitiva en el sector público 4) apoyar las reformas en contraloría para el combate a la corrupción del gasto 5) fortalecer y apoyar a las regiones y municipios para una efectiva descentralización fiscal.
Estos temas necesitan un congreso pro activo. Quizás se a mucho pedir al actual y a su decepcionante Presidente. Pero quien sabe, no debemos perder el optimismo, o la fe, en el caso del otrora revolucionario partido de la estrella.
m/p
sábado, 19 de diciembre de 2009
miércoles, 16 de diciembre de 2009
Los $15,000 dólares de LAC (parte 2)
El escándalo del uso de fondos por el Presidente del Congreso (LAC) sigue generando reacciones, a pesar del impresionante blindaje que ha recibido. Ahora, el Consejo Directivo le ha dado su respaldo porque la subvención está sustentada legalmente. El Consejo Directivo está conformado no solo por la Mesa Directiva sino por los voceros representantes de las bancadas. A ello, se suma los paños fríos del Secretario General del APRA y el Vicepresidente Urtecho, así como de la condescendencia del Congresista García Belaunde que calificó el acto como de “buena fe” pero con errores administrativos. Así entonces, el respaldo político es contundente.
Quisiera mencionar algunos puntos para resaltar los mencionados en la primera parte de este artículo.
- Subvencionar actividades privadas con recursos públicos es posible pero necesita una sustentación muy sólida y transparente. Una cosa es transferir recursos a la educación de un niño de bajos recursos, o el apoyo para el viaje de un deportista en un torneo internacional, y otra cosa me queda clarísimo, es subsidiar un espectáculo musical como el de la Sra Fabiola de la Cuba. Simplemente, el Congreso no tiene esa competencia. En todo caso, que LAC explique donde y cuando estuvo programado ese gasto en el presupuesto del Congreso, ¿o fue un gasto no previsto?.
- El pedido de devolución es lo más informal que se puede observar en la administración pública ¿Ud entiende esta situación que un funcionario dispone de recursos públicos y luego pide a su Tesorero que lo descuenten de su remuneración? Pues yo nunca lo he visto. Ello es así por la sencilla razón que no está contemplado en ninguna parte de la normas de presupuesto y de contrataciones. El Vicepresidente del Congreso afirma que sí se puede, y será bueno que explique en qué norma puede interpretar eso.
- Lo que resulta incomprensible es cómo, antes de que la noticia sea pública, el Presidente del Congreso considera legal y técnicamente viable la devolución. En su razonamiento, usó recursos públicos al contado y los paga en cómodas cuotas mensuales. LAC ha sido Ministro del Interior pero también Ministro de Economía y Finanzas! Si lo hizo de buena fe pero muy mal asesorado, como dice Vitocho (qué suavecito te has vuelto!), LAC tiene responsabilidad administrativa no sólo por descuidado sino por incompetente (igual que la subasta inversa de las patrullas, y peor).
- Aquí hay una acción de control que debe iniciarse inmediatamente. Recordemos que no hace mucho, los que ahora gobiernan fueron oposición, y furibundos críticos de la frivolidad del gasto en el gobierno anterior. Se acuerdan como se rasgaron las vestiduras por las vedettes del PRONAA? Aquí no solo hay frivolidad, hay como mínimo descuido y dejadez que es más grave en un Presidente del Parlamento. Y por favor, ese argumento de que es legal subsidiar a Fabiola de la Cuba es una vergüenza. Claro, decir que es ilegal es decir que hubo malversación de fondos, y nadie quiere poner el cascabel al gato por lo visto.
m/p
Quisiera mencionar algunos puntos para resaltar los mencionados en la primera parte de este artículo.
- Subvencionar actividades privadas con recursos públicos es posible pero necesita una sustentación muy sólida y transparente. Una cosa es transferir recursos a la educación de un niño de bajos recursos, o el apoyo para el viaje de un deportista en un torneo internacional, y otra cosa me queda clarísimo, es subsidiar un espectáculo musical como el de la Sra Fabiola de la Cuba. Simplemente, el Congreso no tiene esa competencia. En todo caso, que LAC explique donde y cuando estuvo programado ese gasto en el presupuesto del Congreso, ¿o fue un gasto no previsto?.
- El pedido de devolución es lo más informal que se puede observar en la administración pública ¿Ud entiende esta situación que un funcionario dispone de recursos públicos y luego pide a su Tesorero que lo descuenten de su remuneración? Pues yo nunca lo he visto. Ello es así por la sencilla razón que no está contemplado en ninguna parte de la normas de presupuesto y de contrataciones. El Vicepresidente del Congreso afirma que sí se puede, y será bueno que explique en qué norma puede interpretar eso.
- Lo que resulta incomprensible es cómo, antes de que la noticia sea pública, el Presidente del Congreso considera legal y técnicamente viable la devolución. En su razonamiento, usó recursos públicos al contado y los paga en cómodas cuotas mensuales. LAC ha sido Ministro del Interior pero también Ministro de Economía y Finanzas! Si lo hizo de buena fe pero muy mal asesorado, como dice Vitocho (qué suavecito te has vuelto!), LAC tiene responsabilidad administrativa no sólo por descuidado sino por incompetente (igual que la subasta inversa de las patrullas, y peor).
- Aquí hay una acción de control que debe iniciarse inmediatamente. Recordemos que no hace mucho, los que ahora gobiernan fueron oposición, y furibundos críticos de la frivolidad del gasto en el gobierno anterior. Se acuerdan como se rasgaron las vestiduras por las vedettes del PRONAA? Aquí no solo hay frivolidad, hay como mínimo descuido y dejadez que es más grave en un Presidente del Parlamento. Y por favor, ese argumento de que es legal subsidiar a Fabiola de la Cuba es una vergüenza. Claro, decir que es ilegal es decir que hubo malversación de fondos, y nadie quiere poner el cascabel al gato por lo visto.
m/p
lunes, 14 de diciembre de 2009
Los US$15 mil de LAC
La explicación de un Presidente del Congreso
Luis Alva Castro no es un político cualquiera. Es el Presidente de un poder del Estado y uno de los líderes más influyentes del Partido de gobierno. ¿Cómo un político de esa trayectoria ha podido cometer un error tan infantil al destinar $15,000 dólares para uso privado? Desde mi punto de vista, el caso es grave desde la responsabilidad administrativa y política por varias razones:
- El uso de recursos públicos para usos privados está prohibido, salvo ley o norma expresa. Normalmente, las Entidad públicas, incluido el Congreso, tienen un reglamento de organización y funciones que establece con claridad en qué puede gastar y qué no. Sí es cierto que desde el Congreso ha habido casos de transferencia de recursos, en casos de estudios o de apoyo al deporte, pero han sido muy puntuales. En el caso de una actividad musical como la de la Señora Fabiola de la Cuba, cuál es ese sustento? Será útil conocer si el Parlamento ha hecho este tipo de subsidios o ha sido una creatividad del actual Presidente del Congreso.
- Aquí el órgano de control del Congreso debe actuar de oficio y solicitar toda la información necesaria para una investigación rigurosa. Salvo alguna interpretación auténtica, lo que debe suceder es la apertura de un proceso administrativo por malversación de fondos. Las cosas por su nombre y con todas sus letras. Qué es la malversación? Pues el uso de recursos públicos en actividades que no son de su competencia.
- La reacción del Presidente del Congreso es sorprendente y vergonzosa. Por lo menos yo, no sé cómo explicar una actitud así. “Tranquilos señores, no hagamos una tormenta en un vaso de agua, voy a devolver los 15 mil dólares con mi sueldo y en cómodas cuotas mensuales”. De Ripley! Esta respuesta no la logro procesar. Se habrá dado cuenta el Sr alva Castro que es Presidente del Congreso y de la señal que está dando a los peruanos? “Aquí en el Perú, usamos la plata como queremos, y si te ´ampayan´ devuelve la plata y no pasa nada”. Otra vez, de Ripley!
- El tema involucra también a la Mesa Directiva del Congreso. Será muy sano un pronunciamiento de la misma sobre la acción y reacción de su Presidente. Dudo que ello suceda francamente, pero quizás algunos miembros quieran marcar una juiciosa distancia ante tremenda metida de pata.
- La responsabilidad política no es doble, es triple. Por ser congresista, por ser Presidente del Congreso y por ser líder del APRA. Luis Alva Castro no es un político cualquier como dijimos al inicio. Ha dado un pésimo ejemplo a sus electores sobre la actuación de la clase política. ¿Qué debería hacer? Someterse voluntariamente a un proceso administrativo, dar sus explicaciones al órgano de control, y explicar lo que, en el mejor de los casos, sería un “exceso de entusiasmo” por apoyar la cultura en la región la Libertad. La devolución de la plata está fuera de discusión (al contado por cierto), pero también la sanción por la falta administrativa (como mínimo) y quizás más, según lo que diga la investigación.
A todo esto, alguna bancada se pronunciará al respecto? Alguien de la Comisión de Fiscalización quizás? El Secretario General del APRA? Apostaría en casi todos los casos por un silencio cómplice e indiferente. Total, ya tenemos fujimoristas indultados sin mayores explicaciones.
m/p
Luis Alva Castro no es un político cualquiera. Es el Presidente de un poder del Estado y uno de los líderes más influyentes del Partido de gobierno. ¿Cómo un político de esa trayectoria ha podido cometer un error tan infantil al destinar $15,000 dólares para uso privado? Desde mi punto de vista, el caso es grave desde la responsabilidad administrativa y política por varias razones:
- El uso de recursos públicos para usos privados está prohibido, salvo ley o norma expresa. Normalmente, las Entidad públicas, incluido el Congreso, tienen un reglamento de organización y funciones que establece con claridad en qué puede gastar y qué no. Sí es cierto que desde el Congreso ha habido casos de transferencia de recursos, en casos de estudios o de apoyo al deporte, pero han sido muy puntuales. En el caso de una actividad musical como la de la Señora Fabiola de la Cuba, cuál es ese sustento? Será útil conocer si el Parlamento ha hecho este tipo de subsidios o ha sido una creatividad del actual Presidente del Congreso.
- Aquí el órgano de control del Congreso debe actuar de oficio y solicitar toda la información necesaria para una investigación rigurosa. Salvo alguna interpretación auténtica, lo que debe suceder es la apertura de un proceso administrativo por malversación de fondos. Las cosas por su nombre y con todas sus letras. Qué es la malversación? Pues el uso de recursos públicos en actividades que no son de su competencia.
- La reacción del Presidente del Congreso es sorprendente y vergonzosa. Por lo menos yo, no sé cómo explicar una actitud así. “Tranquilos señores, no hagamos una tormenta en un vaso de agua, voy a devolver los 15 mil dólares con mi sueldo y en cómodas cuotas mensuales”. De Ripley! Esta respuesta no la logro procesar. Se habrá dado cuenta el Sr alva Castro que es Presidente del Congreso y de la señal que está dando a los peruanos? “Aquí en el Perú, usamos la plata como queremos, y si te ´ampayan´ devuelve la plata y no pasa nada”. Otra vez, de Ripley!
- El tema involucra también a la Mesa Directiva del Congreso. Será muy sano un pronunciamiento de la misma sobre la acción y reacción de su Presidente. Dudo que ello suceda francamente, pero quizás algunos miembros quieran marcar una juiciosa distancia ante tremenda metida de pata.
- La responsabilidad política no es doble, es triple. Por ser congresista, por ser Presidente del Congreso y por ser líder del APRA. Luis Alva Castro no es un político cualquier como dijimos al inicio. Ha dado un pésimo ejemplo a sus electores sobre la actuación de la clase política. ¿Qué debería hacer? Someterse voluntariamente a un proceso administrativo, dar sus explicaciones al órgano de control, y explicar lo que, en el mejor de los casos, sería un “exceso de entusiasmo” por apoyar la cultura en la región la Libertad. La devolución de la plata está fuera de discusión (al contado por cierto), pero también la sanción por la falta administrativa (como mínimo) y quizás más, según lo que diga la investigación.
A todo esto, alguna bancada se pronunciará al respecto? Alguien de la Comisión de Fiscalización quizás? El Secretario General del APRA? Apostaría en casi todos los casos por un silencio cómplice e indiferente. Total, ya tenemos fujimoristas indultados sin mayores explicaciones.
m/p
jueves, 10 de diciembre de 2009
El buen burócrata
Un buen burócrata es un subversivo de la función pública. Es aquél que tiene la suficiente energía y creatividad para desafiar las reglas formales en el ejercicio de su función. Si bien es cierto que en el sector privado, los agentes actúan en todo lo que la norma no prohíbe, en la administración pública también existen funcionarios que no sólo hacen lo que la norma explícitamente permite. Esos son los que marcan la diferencia.
Las reglas ciertamente son sinónimo de orden, que es un elemento central en una mega organización como el Estado. Sin embargo, también es cierto que el orden no puede ser estable ni estático, pues si así fuera no habría ciencia ni habría desarrollo. El Estado es una institución que, como las personas y el conocimiento, necesita permanentemente recrearse y reformarse, sin que ello sea sinónimo de caos.
Ciertamente, un error muy común es criticar sin mayor reflexión la existencia de directivas y protocolos, bajo el argumento que son papeleos y requisitos burocráticos que solo hacen más lentas las decisiones. Es bueno recordar que mientras más grande es una empresa o una corporación, es más necesario la existencia de reglas formales, por la sencilla razón que las comunicaciones personales son mucho más difíciles. Pero aquí no estamos hablando de eso.
Si uno observa el desempeño de las mejores entidades públicas podrá encontrar elementos comunes. Uno de ellos es que tienen sus procesos y sus procedimientos muy bien definidos, además por supuesto de su objetivo principal y su misión institucional. Mientras más claros y simples sean las reglas, más claro tendremos la prioridad para alcanzar el objetivo.
Un buen burócrata es entonces aquél que no pierde de vista su objetivo principal, y se rebela cuando las reglas formales se vuelven un enredo y le restringen su toma de decisiones. En ese momento, el burócrata se enfrenta con el sector adverso al riesgo (cuyo mejor representante es el asesor legal) y tiene que tomar una decisión difícil: encontrar una solución fuera del protocolo y de las normas.
La solución, y aquí está el arte de la función pública, tiene que ser lo suficientemente sólida como para convencer de su efectividad. Por eso el burócrata necesita dos cosas: 1) una sólida formación profesional que dé sustento técnico a la propuesta y 2) un liderazgo muy fuerte para que la decisión sea colectiva, un tractor o un pusher respetado.
Es común encontrar en la administración pública funcionarios improvisados y hasta irresponsables, eso es cierto. Seudosubversivos que, como delanteros de fútbol van corriendo loquitos hacia el arco con la cabeza abajo. Pura emotividad y entusiasmo, nula creatividad y efectividad. Estos funcionarios son peligrosos pues quieren cambiar las reglas solo por encontrar el camino más corto. Ellos olvidan que la administración pública es compleja y hay que entenderla antes de cambiarlas.
El buen burócrata es un líder y por lo tanto un ejemplo para el equipo que forma parte. Su espíritu rebelde radica en reafirmar el objetivo central de su función, y antepone siempre éste a los procedimientos y los protocolos. Ello se observa en las decisiones difíciles, en los expedientes altamente sensibles, en esas papas calientes que nadie quiere tocar. El buen burócrata no gasta su tiempo en expedientes sin mayor relevancia, dedica su tiempo y su energía a las batallas más difíciles porque sabe que allí es donde ganará la guerra.
Y cuál es la guerra de los burócratas? Pues construir una cultura del servicio. Una cultura del servicio al cliente con calidad, rápido, efectivo y honesto. Ese cliente es el ciudadano que, y aquí está la gran diferencia con el sector privado, recibe lo mismo en calidad y cantidad, independientemente de cuánto paga.
Me ha tocado conocer buenos burócratas, varios llegaron a ser líderes y gerentes de la alta función pública, pero también he conocido soldados en la primera línea de producción. De todos, traté de aprender de sus tres cualidades: 1) un profesionalismo de primer nivel 2) una altísima vocación de servicio público y 3) un ejemplo de probidad y honestidad.
Estoy seguro que existen cientos, miles de buenos burócratas, en el nivel nacional y en las regiones, y muchos más entre los jóvenes que pueden serlo. Trabajemos en construir y unificar ese ejército de subversivos.
Las reglas ciertamente son sinónimo de orden, que es un elemento central en una mega organización como el Estado. Sin embargo, también es cierto que el orden no puede ser estable ni estático, pues si así fuera no habría ciencia ni habría desarrollo. El Estado es una institución que, como las personas y el conocimiento, necesita permanentemente recrearse y reformarse, sin que ello sea sinónimo de caos.
Ciertamente, un error muy común es criticar sin mayor reflexión la existencia de directivas y protocolos, bajo el argumento que son papeleos y requisitos burocráticos que solo hacen más lentas las decisiones. Es bueno recordar que mientras más grande es una empresa o una corporación, es más necesario la existencia de reglas formales, por la sencilla razón que las comunicaciones personales son mucho más difíciles. Pero aquí no estamos hablando de eso.
Si uno observa el desempeño de las mejores entidades públicas podrá encontrar elementos comunes. Uno de ellos es que tienen sus procesos y sus procedimientos muy bien definidos, además por supuesto de su objetivo principal y su misión institucional. Mientras más claros y simples sean las reglas, más claro tendremos la prioridad para alcanzar el objetivo.
Un buen burócrata es entonces aquél que no pierde de vista su objetivo principal, y se rebela cuando las reglas formales se vuelven un enredo y le restringen su toma de decisiones. En ese momento, el burócrata se enfrenta con el sector adverso al riesgo (cuyo mejor representante es el asesor legal) y tiene que tomar una decisión difícil: encontrar una solución fuera del protocolo y de las normas.
La solución, y aquí está el arte de la función pública, tiene que ser lo suficientemente sólida como para convencer de su efectividad. Por eso el burócrata necesita dos cosas: 1) una sólida formación profesional que dé sustento técnico a la propuesta y 2) un liderazgo muy fuerte para que la decisión sea colectiva, un tractor o un pusher respetado.
Es común encontrar en la administración pública funcionarios improvisados y hasta irresponsables, eso es cierto. Seudosubversivos que, como delanteros de fútbol van corriendo loquitos hacia el arco con la cabeza abajo. Pura emotividad y entusiasmo, nula creatividad y efectividad. Estos funcionarios son peligrosos pues quieren cambiar las reglas solo por encontrar el camino más corto. Ellos olvidan que la administración pública es compleja y hay que entenderla antes de cambiarlas.
El buen burócrata es un líder y por lo tanto un ejemplo para el equipo que forma parte. Su espíritu rebelde radica en reafirmar el objetivo central de su función, y antepone siempre éste a los procedimientos y los protocolos. Ello se observa en las decisiones difíciles, en los expedientes altamente sensibles, en esas papas calientes que nadie quiere tocar. El buen burócrata no gasta su tiempo en expedientes sin mayor relevancia, dedica su tiempo y su energía a las batallas más difíciles porque sabe que allí es donde ganará la guerra.
Y cuál es la guerra de los burócratas? Pues construir una cultura del servicio. Una cultura del servicio al cliente con calidad, rápido, efectivo y honesto. Ese cliente es el ciudadano que, y aquí está la gran diferencia con el sector privado, recibe lo mismo en calidad y cantidad, independientemente de cuánto paga.
Me ha tocado conocer buenos burócratas, varios llegaron a ser líderes y gerentes de la alta función pública, pero también he conocido soldados en la primera línea de producción. De todos, traté de aprender de sus tres cualidades: 1) un profesionalismo de primer nivel 2) una altísima vocación de servicio público y 3) un ejemplo de probidad y honestidad.
Estoy seguro que existen cientos, miles de buenos burócratas, en el nivel nacional y en las regiones, y muchos más entre los jóvenes que pueden serlo. Trabajemos en construir y unificar ese ejército de subversivos.
miércoles, 9 de diciembre de 2009
Las incoherencias de la democracia representativa
¿Es coherente que un congresista, elegido para legislar y fiscalizar, acepte asumir una función ejecutiva, como el de Ministro de Estado o Vicepresidente de la República? ¿Es coherente que ese Ministro-Congresista siga teniendo voto en las sesiones del Pleno?
Pues resulta que ambas situaciones son posibles y legales en el Perú. Pero la discusión no es esa, porque sabemos que las normas no son sinónimo de coherencia, aunque debería ser así. El hecho es que hemos tenido Ministros congresistas, alcaldes Ministros, Presidentes y vice Presidentes Regionales Ministros y, según la propuesta reciente, también podríamos tener Congresistas Presidentes Regionales.
Ciertamente, en varios casos, es necesario pedir licencia pues es muy complicado asumir un cargo y luego retomar el que dejó.
Estos esquemas poco ordenados a mi juicio, se observan en otros países. Francia ha tenido y tiene Ministros que son Presidentes de Regiones o Prefectos, y nadie ha protestado por esta facultad en la alta función pública y la responsabilidad en la representación.
Pero algo no termina de cuadrar en estas opciones, por lo menos, me deja una sensación de incoherencia en estas reglas. Es claro que nadie puede asumir estos cargos en simultáneo, de ahí la posibilidad de la licencia, pero lo que no entiendo es que siendo un cargo elegido por los ciudadanos, pueda ser susceptible de renuncia temporal o permanente. Es decir, uno puede decirle a sus electores, sin mayor cuestionamiento, señores renuncio a mi cargo porque me necesitan en otro puesto en la función de Estado. ¿Eso es así?
Creo que una función de representación, sea ejecutiva o legislativa no puede ser abandonada, salvo problemas de salud o de delito grave, o por último, revocatoria.
Por eso, creo que la función de congresista no puede ser sujeto de licencia para asumir otra función, y creo además que debe ser a tiempo completo como el de todo funcionario público, salvo actividades de docencia o privadas que no tengan nada que ver con el ejercicio de su función.
Me resulta por ello, difícil apoyar la iniciativa para que los congresistas puedan postular a una presidencia regional. Realmente, siento que esos congresistas le están sacando la vuelta a sus electores, pues no terminarían el mandato por el que prometieron trabajar. Y el otro elemento que da una mala señal es que esto pretende ser implementado en el 2010, en clara muestra que es una medida para intereses muy específicos de algunos congresistas.
El gobierno debería poner orden en sus huestes y dar el ejemplo. Será pedir mucho?
m/p
Pues resulta que ambas situaciones son posibles y legales en el Perú. Pero la discusión no es esa, porque sabemos que las normas no son sinónimo de coherencia, aunque debería ser así. El hecho es que hemos tenido Ministros congresistas, alcaldes Ministros, Presidentes y vice Presidentes Regionales Ministros y, según la propuesta reciente, también podríamos tener Congresistas Presidentes Regionales.
Ciertamente, en varios casos, es necesario pedir licencia pues es muy complicado asumir un cargo y luego retomar el que dejó.
Estos esquemas poco ordenados a mi juicio, se observan en otros países. Francia ha tenido y tiene Ministros que son Presidentes de Regiones o Prefectos, y nadie ha protestado por esta facultad en la alta función pública y la responsabilidad en la representación.
Pero algo no termina de cuadrar en estas opciones, por lo menos, me deja una sensación de incoherencia en estas reglas. Es claro que nadie puede asumir estos cargos en simultáneo, de ahí la posibilidad de la licencia, pero lo que no entiendo es que siendo un cargo elegido por los ciudadanos, pueda ser susceptible de renuncia temporal o permanente. Es decir, uno puede decirle a sus electores, sin mayor cuestionamiento, señores renuncio a mi cargo porque me necesitan en otro puesto en la función de Estado. ¿Eso es así?
Creo que una función de representación, sea ejecutiva o legislativa no puede ser abandonada, salvo problemas de salud o de delito grave, o por último, revocatoria.
Por eso, creo que la función de congresista no puede ser sujeto de licencia para asumir otra función, y creo además que debe ser a tiempo completo como el de todo funcionario público, salvo actividades de docencia o privadas que no tengan nada que ver con el ejercicio de su función.
Me resulta por ello, difícil apoyar la iniciativa para que los congresistas puedan postular a una presidencia regional. Realmente, siento que esos congresistas le están sacando la vuelta a sus electores, pues no terminarían el mandato por el que prometieron trabajar. Y el otro elemento que da una mala señal es que esto pretende ser implementado en el 2010, en clara muestra que es una medida para intereses muy específicos de algunos congresistas.
El gobierno debería poner orden en sus huestes y dar el ejemplo. Será pedir mucho?
m/p
jueves, 22 de octubre de 2009
La burocracia atenderá sábados, domingos y feriados: otro Decreto Urgencia improvisado
El gobierno acaba de aprobar, mediante Decreto de Urgencia, una medida “extraordinaria”: dictar el funcionamiento de la administración pública todos los días, incluido sábados, domingos y feriados.
La medida puede provocar inicialmente la aceptación de los ciudadanos, que tenemos la imagen que la burocracia es lenta e ineficiente. Ahora, se les obliga a trabajar más y eso siempre suena bien. Pero fuera de la reacción de la tribuna, es bueno ponerse a pensar la efectividad y la utilidad de la norma.
Veamos. Desde el punto de vista económico, la medida es incompleta y por lo tanto, muy poco útil. Pongamos un ejemplo sencillo. Imagine ud una fábrica de zapatos con 10trabajadores que produce 100 pares de zapatos a la semana, es decir, cada trabajador produce 10 pares de zapatos a la semana (productividad media le dicen los economistas). El dueño decide que desde ahora, también se produce zapatos los fines de semana y los feriados, con los mismos 100 trabajadores y con el mismo sueldo. La pregunta es, los trabajadores van a producir más de 100 zapatos a la semana? Es decir, los trabajadores van a ser más productivos? Mi impresión es que no, salvo que se tomen medidas complementarias, pero que cuestan.
Hace unos 5 años, Francia tomó una medida con los mismos objetivos, muy polémica por cierto, aunque sustentada en estudios técnicos desde su oficina de gestión pública. Dictó la reducción del horario de trabajo de 40 horas a 35 horas a la semana. La medida tenía dos propósitos: 1) elevar la productividad media del trabajador, al obligar a producir lo mismo en menos tiempo y 2) elevar el nivel de empleo, al liberar horas para la contratación de nuevo personal, pues el horario de atención por semana es el mismo. Los estudios decían que había tiempos muertos en el horario normal, es decir, que se podía hacer lo mismo pero en menos tiempo. En consecuencia, para qué voy a pedir a un trabajador 40 horas si lo puede hacer en 35?. El incentivo claro está, es que por menos horas, el trabajador recibe el mismo sueldo (no hay presión fiscal), pero el gobierno logra aumentar su productividad y todos ganamos. En el caso del Perú, donde está ese incentivo?
Ciertamente, lo que interesa para el ciudadano es que la burocracia sea rápida y ágil, que los trámites no demoren y se hagan bien. Lo que no logro entender es cómo obligando a trabajar fines de semana y feriados, eso va a mejorar. Si no tengo incentivos para que el funcionario público trabaje más, cómo esperar mejores resultados?. Claro, existe el “incentivo” que si no viene a trabajar, pierde el trabajo, pero eso es muy limitado. Lo que va a suceder es que lo que no hizo el miércoles, lo hará el domingo, pero nada más.
Un escenario muy malo, y que se ha observado ya en las medidas para acortar plazos “por decreto” (ver casos SNIP, Licitaciones, concursos, etc) es, como muchas reglas en el Perú, simplemente no se cumplen o se cumplen tan mal que es como si no se cumplieran. El daño para la institucionalidad es enorme, porque petardea el respeto a las normas, al orden y al sentido de las reglas. Pienso que la medida es improvisada, sin prejuicio de la pésima costumbre de aprobar por Decreto de Urgencia, puenteando al ya irrisorio Congreso de la República.
Alternativas? Existen ciertamente. Mi primera recomendación es que se evalúe los efectos de medidas similares, para saber su verdadera utilidad y las causas que explican sus resultados. La segunda es que se apunte a elevar productividad, dando incentivos sin costo fiscal a los que quieran trabajar los fines de semana y feriados (acceso a cursos de formación calificados, días a cuenta de vacaciones, etc). Y tercero, que los plazos administrativos no afecten la calidad de los servicios públicos, y para eso es necesario revisar bien los resultados de la primera recomendación. Nada peor que un producto mal hecho por apurados, eso sí que es muy malo.
22 de octubre 2009
m/p
La medida puede provocar inicialmente la aceptación de los ciudadanos, que tenemos la imagen que la burocracia es lenta e ineficiente. Ahora, se les obliga a trabajar más y eso siempre suena bien. Pero fuera de la reacción de la tribuna, es bueno ponerse a pensar la efectividad y la utilidad de la norma.
Veamos. Desde el punto de vista económico, la medida es incompleta y por lo tanto, muy poco útil. Pongamos un ejemplo sencillo. Imagine ud una fábrica de zapatos con 10trabajadores que produce 100 pares de zapatos a la semana, es decir, cada trabajador produce 10 pares de zapatos a la semana (productividad media le dicen los economistas). El dueño decide que desde ahora, también se produce zapatos los fines de semana y los feriados, con los mismos 100 trabajadores y con el mismo sueldo. La pregunta es, los trabajadores van a producir más de 100 zapatos a la semana? Es decir, los trabajadores van a ser más productivos? Mi impresión es que no, salvo que se tomen medidas complementarias, pero que cuestan.
Hace unos 5 años, Francia tomó una medida con los mismos objetivos, muy polémica por cierto, aunque sustentada en estudios técnicos desde su oficina de gestión pública. Dictó la reducción del horario de trabajo de 40 horas a 35 horas a la semana. La medida tenía dos propósitos: 1) elevar la productividad media del trabajador, al obligar a producir lo mismo en menos tiempo y 2) elevar el nivel de empleo, al liberar horas para la contratación de nuevo personal, pues el horario de atención por semana es el mismo. Los estudios decían que había tiempos muertos en el horario normal, es decir, que se podía hacer lo mismo pero en menos tiempo. En consecuencia, para qué voy a pedir a un trabajador 40 horas si lo puede hacer en 35?. El incentivo claro está, es que por menos horas, el trabajador recibe el mismo sueldo (no hay presión fiscal), pero el gobierno logra aumentar su productividad y todos ganamos. En el caso del Perú, donde está ese incentivo?
Ciertamente, lo que interesa para el ciudadano es que la burocracia sea rápida y ágil, que los trámites no demoren y se hagan bien. Lo que no logro entender es cómo obligando a trabajar fines de semana y feriados, eso va a mejorar. Si no tengo incentivos para que el funcionario público trabaje más, cómo esperar mejores resultados?. Claro, existe el “incentivo” que si no viene a trabajar, pierde el trabajo, pero eso es muy limitado. Lo que va a suceder es que lo que no hizo el miércoles, lo hará el domingo, pero nada más.
Un escenario muy malo, y que se ha observado ya en las medidas para acortar plazos “por decreto” (ver casos SNIP, Licitaciones, concursos, etc) es, como muchas reglas en el Perú, simplemente no se cumplen o se cumplen tan mal que es como si no se cumplieran. El daño para la institucionalidad es enorme, porque petardea el respeto a las normas, al orden y al sentido de las reglas. Pienso que la medida es improvisada, sin prejuicio de la pésima costumbre de aprobar por Decreto de Urgencia, puenteando al ya irrisorio Congreso de la República.
Alternativas? Existen ciertamente. Mi primera recomendación es que se evalúe los efectos de medidas similares, para saber su verdadera utilidad y las causas que explican sus resultados. La segunda es que se apunte a elevar productividad, dando incentivos sin costo fiscal a los que quieran trabajar los fines de semana y feriados (acceso a cursos de formación calificados, días a cuenta de vacaciones, etc). Y tercero, que los plazos administrativos no afecten la calidad de los servicios públicos, y para eso es necesario revisar bien los resultados de la primera recomendación. Nada peor que un producto mal hecho por apurados, eso sí que es muy malo.
22 de octubre 2009
m/p
lunes, 28 de septiembre de 2009
cae otro Ministro "independiente"
Francis Allison renunció ayer al Ministerio de Vivienda, y recibió el agradecimiento del Presidente García quien a su vez lamentó que tenga q dejar el cargo por razones políticas. Como ciudadano, debo expresar mi poca confianza en el joven ministro en sus elocuentes pero débiles explicaciones. Allison no ha demostrado cuál era el tipo de asesoría que hacía, limitándose a decir que fué un contrato verbal por asesorías jurídicas diversas hechas desde un restaurant. Esa explicación es muy poco satisfactoria, por no decir, burlona. Allison ha dicho que no le informó al Presidente porque no lo consideró relevante, pero la información ya se sabía en la Comisión investigadora de los petroaudios desde comienzos de agosto. El tema era una bomba de tiempo, y no lo informó al Presidente hasta mediados de setiembre, por qué? si todo era transparente.
Muchas preguntas adicionales se hace la opinión pública, y probablemente, la mayoría no se respondan. Queda claro sí, que el cargamontón contra Allison existe, alguien o "alguienes" en el interior del gobierno, simplemente, no soportaba al joven ministro, demasiado servicial al Presidente. Ese sector circuló una información que ya se sabía desde hace varias semanas, incluyendo los apristas, pero que no la soltaron hasta la semana pasada. Las últimas denuncias sobre antiguas agresiones en su distrito, ya demuestra el apanado masivo. Me hizo recordar el caso Eliane Karp q recibía 10,000 dólares mensuales de asesorías del entonces banco Wiese. Meses atrás, KArp decía q ella no recibía ingresos, q trabajaba ad honorem y que eso le generaba incomodidad porque no quería pedirle plata a su esposo.
El caso Allison es igual de grave, por ser funcionario público y actor directo del escándalo. Es necesario tomar en cuenta además q la cartera de Vivienda, luego de Transportes, es la que maneja el mayor presupuesto de inversión, y programas estratégicos como Agua para todos, Cofopri y la Reconstrucción del Sur. En todo caso, queda la lección para los "independientes" que sean llamados al gabinete: o eres funcional al gobierno, sigues su ritmo, o simplemente sales de la pista de baile.
Sí recomiendo al Sr Allison q presente todo lo q tenga q presentar al congreso y a la fiscalía. Y por favor, no siga repitiendo q ud trabajó como consultor externo inocentón y confiado, informando por correo o verbalmente tomando café. Ud era funcionario pùblico sr Allison, era alcalde de un distrito, no puede decir q recibía 3000 dolares mensuales de una empresa como BTR sin dar mayores detalles. Si el APRA le "defendió" con el congresista Vargas, créame que eso solo fué para q el escándalo no llegara a Palacio, ahora ud ya está afuera y se defiende solo.
quedan 20 meses de gobierno aprista, veamos que otros "independientes" caen.
m/p
Muchas preguntas adicionales se hace la opinión pública, y probablemente, la mayoría no se respondan. Queda claro sí, que el cargamontón contra Allison existe, alguien o "alguienes" en el interior del gobierno, simplemente, no soportaba al joven ministro, demasiado servicial al Presidente. Ese sector circuló una información que ya se sabía desde hace varias semanas, incluyendo los apristas, pero que no la soltaron hasta la semana pasada. Las últimas denuncias sobre antiguas agresiones en su distrito, ya demuestra el apanado masivo. Me hizo recordar el caso Eliane Karp q recibía 10,000 dólares mensuales de asesorías del entonces banco Wiese. Meses atrás, KArp decía q ella no recibía ingresos, q trabajaba ad honorem y que eso le generaba incomodidad porque no quería pedirle plata a su esposo.
El caso Allison es igual de grave, por ser funcionario público y actor directo del escándalo. Es necesario tomar en cuenta además q la cartera de Vivienda, luego de Transportes, es la que maneja el mayor presupuesto de inversión, y programas estratégicos como Agua para todos, Cofopri y la Reconstrucción del Sur. En todo caso, queda la lección para los "independientes" que sean llamados al gabinete: o eres funcional al gobierno, sigues su ritmo, o simplemente sales de la pista de baile.
Sí recomiendo al Sr Allison q presente todo lo q tenga q presentar al congreso y a la fiscalía. Y por favor, no siga repitiendo q ud trabajó como consultor externo inocentón y confiado, informando por correo o verbalmente tomando café. Ud era funcionario pùblico sr Allison, era alcalde de un distrito, no puede decir q recibía 3000 dolares mensuales de una empresa como BTR sin dar mayores detalles. Si el APRA le "defendió" con el congresista Vargas, créame que eso solo fué para q el escándalo no llegara a Palacio, ahora ud ya está afuera y se defiende solo.
quedan 20 meses de gobierno aprista, veamos que otros "independientes" caen.
m/p
viernes, 21 de agosto de 2009
Defendiendo a los burócratas: el compromiso de la calidad del servicio público
Hoy en un mitín en Carabayllo, el Presidente de la República dijo que la descentralización popular buscaba darle al pueblo la capacidad de hacer sus obras, para que no dependan de una burocracia inoperante que además, permite que “desaparezcan” las bolsas de cemento. Todo el público aplaudió.
El Presidente ha dicho la verdad, hay ineficiencia y hay corrupción en la burocracia del Estado. Lo que no se ha dado cuenta el Presidente, es que él es el jefe de todos los burócratas. Por lo tanto, si bien nadie le pide que oculte los problemas, también es cierto que un Presidente, como un general del Ejército, no maltrata jamás a sus tropas en público. “Premia en público, castiga en privado” primera regla de un líder. La lavandería se lava en casa, no repetía eso Víctor Rául?
Este principio de liderazgo existe por dos razones: primero porque ningún jefe es jefe si no cree en su equipo, salvo que tenga una mentalidad rentista o adicción al poder; segundo, porque hay burócratas de primer nivel que no pueden ser incluidos en el mismo saco. Las declaraciones son poco felices porque le trasmite a la ciudadanía un pésimo mensaje: todos los burócratas son iguales, ineficientes y corruptos.
Como todos los peruanos, he sido usuario de los servicios públicos y he tenido que lidiar con la burocracia. En su inoperancia y lentitud, para sacar un certificado municipal, un trámite engorroso en el poder judicial o para concursar en una licitación pública. Así también; en su corrupción cuando algún policía o asesor judicial pide coima, o algún funcionario pide “apoyo” para aprobar un proyecto o un permiso.
Sin embargo, también me he sentido orgulloso de muchos burócratas que hacen bien su trabajo. Cuando un policía sanciona a una combi irresponsable que casi me atropella, un maestro de escuela rural que cada centavo lo invierte en mejorar su biblioteca, una obstetra que viaja 15 horas en pequepeque para atender sus pacientes, o cuando un funcionario de proyectos le para el macho a una constructora inescrupulosa para que haga la obra pública bien y no le pase facturas inútiles o fantasmas.
Los peruanos debemos saber que lo bueno que tenemos en el Estado se debe a esfuerzos para construir buena burocracia. La SUNAT es un ejemplo del trabajo en los 90s, el IDECOPI, el Banco Central de Reserva, el SNIP (a pesar de debilitamiento). También debemos saber que actualmente hay varias reformas silenciosas en el Perú: desde el nivel nacional, la formación de gerentes públicos con SERVIR, el presupuesto por resultados desde el MEF, la agilización de trámites municipales de la PCM, la aplicación del nuevo código procesal penal, entre otros. Desde el nivel regional y municipal, numerosos esfuerzos de participación local en los servicios básicos como educación, salud, entre otros. Les recomiendo dar una mirada a la página web de Ciudadanos al Día.
Las mejoras burocracias del mundo protegen a sus funcionarios. Saben que ellos no son máquinas y que apunte de leyes y dispositivos no van lograr mejorar sus desempeño. Hay un trabajo de motivación e incentivos que se tiene que hacer para mantener la vocación de servicio, eficiente y comprometida. Un funcionario no tiene la lógica privada del cliente “al que paga más, le da más; al que paga menos le da menos, y al que no paga no le da nada”. Un funcionario trabaja para el interés público, con orden y transparencia.
Ciertamente, la gran reforma pendiente en el Perú, yq ue otras burocracias en el mundo lo han logrado (Australia, Francia, Dinamarca, Suecia, Canadá) es que nuestros burócratas sean medidos por su desempeño pero en base a resultados. Que dejemos ese ADN del siglo pasado que mira los procedimientos en vez del resultado, que es lo esencial (disculpen mis colegas burócratas abogados, buenos defensores, pero malos delanteros). Como lo escuchamos en el mensaje presidencial de 28 de julio “buscar argumentos para decir sí y sacar las cosas adelante, y no buscar argumentos para decir no”.
Sí señor Presidente, hay buenos burócratas, que trabajan para un objetivo que el Perú necesita a gritos: el compromiso en la calidad del servicio público. Ese es el mensaje público que los peruanos queremos escuchar, quizás no le aplaudamos al comienzo, pero sí lo vamos a reconocer.
m/p
Lima, 21 de agosto de 2009.
El Presidente ha dicho la verdad, hay ineficiencia y hay corrupción en la burocracia del Estado. Lo que no se ha dado cuenta el Presidente, es que él es el jefe de todos los burócratas. Por lo tanto, si bien nadie le pide que oculte los problemas, también es cierto que un Presidente, como un general del Ejército, no maltrata jamás a sus tropas en público. “Premia en público, castiga en privado” primera regla de un líder. La lavandería se lava en casa, no repetía eso Víctor Rául?
Este principio de liderazgo existe por dos razones: primero porque ningún jefe es jefe si no cree en su equipo, salvo que tenga una mentalidad rentista o adicción al poder; segundo, porque hay burócratas de primer nivel que no pueden ser incluidos en el mismo saco. Las declaraciones son poco felices porque le trasmite a la ciudadanía un pésimo mensaje: todos los burócratas son iguales, ineficientes y corruptos.
Como todos los peruanos, he sido usuario de los servicios públicos y he tenido que lidiar con la burocracia. En su inoperancia y lentitud, para sacar un certificado municipal, un trámite engorroso en el poder judicial o para concursar en una licitación pública. Así también; en su corrupción cuando algún policía o asesor judicial pide coima, o algún funcionario pide “apoyo” para aprobar un proyecto o un permiso.
Sin embargo, también me he sentido orgulloso de muchos burócratas que hacen bien su trabajo. Cuando un policía sanciona a una combi irresponsable que casi me atropella, un maestro de escuela rural que cada centavo lo invierte en mejorar su biblioteca, una obstetra que viaja 15 horas en pequepeque para atender sus pacientes, o cuando un funcionario de proyectos le para el macho a una constructora inescrupulosa para que haga la obra pública bien y no le pase facturas inútiles o fantasmas.
Los peruanos debemos saber que lo bueno que tenemos en el Estado se debe a esfuerzos para construir buena burocracia. La SUNAT es un ejemplo del trabajo en los 90s, el IDECOPI, el Banco Central de Reserva, el SNIP (a pesar de debilitamiento). También debemos saber que actualmente hay varias reformas silenciosas en el Perú: desde el nivel nacional, la formación de gerentes públicos con SERVIR, el presupuesto por resultados desde el MEF, la agilización de trámites municipales de la PCM, la aplicación del nuevo código procesal penal, entre otros. Desde el nivel regional y municipal, numerosos esfuerzos de participación local en los servicios básicos como educación, salud, entre otros. Les recomiendo dar una mirada a la página web de Ciudadanos al Día.
Las mejoras burocracias del mundo protegen a sus funcionarios. Saben que ellos no son máquinas y que apunte de leyes y dispositivos no van lograr mejorar sus desempeño. Hay un trabajo de motivación e incentivos que se tiene que hacer para mantener la vocación de servicio, eficiente y comprometida. Un funcionario no tiene la lógica privada del cliente “al que paga más, le da más; al que paga menos le da menos, y al que no paga no le da nada”. Un funcionario trabaja para el interés público, con orden y transparencia.
Ciertamente, la gran reforma pendiente en el Perú, yq ue otras burocracias en el mundo lo han logrado (Australia, Francia, Dinamarca, Suecia, Canadá) es que nuestros burócratas sean medidos por su desempeño pero en base a resultados. Que dejemos ese ADN del siglo pasado que mira los procedimientos en vez del resultado, que es lo esencial (disculpen mis colegas burócratas abogados, buenos defensores, pero malos delanteros). Como lo escuchamos en el mensaje presidencial de 28 de julio “buscar argumentos para decir sí y sacar las cosas adelante, y no buscar argumentos para decir no”.
Sí señor Presidente, hay buenos burócratas, que trabajan para un objetivo que el Perú necesita a gritos: el compromiso en la calidad del servicio público. Ese es el mensaje público que los peruanos queremos escuchar, quizás no le aplaudamos al comienzo, pero sí lo vamos a reconocer.
m/p
Lima, 21 de agosto de 2009.
jueves, 20 de agosto de 2009
FORSUR, para que no se repita
Hace dos años el Perú sufrió uno de los mayores catástrofes producidas por un sismo: 500 muertos, 17000 viviendas destruidas, más de 80,000 danmificados entre Cañete, Huaytará, Chincha, Pisco, Ica y Nazca.
La catástrofe nos ha dejado lecciones aprendidas, que el Estado y todos los peruanos no debemos olvidar. La primera es que nuestro sistema de defensa civil funciona de manera muy precaria. Los municipios no están preparados para enfrentar un desastre de esa escala, aunque hicieron lo que pudieron en las primeras 48 horas críticas de la emergencia. Cuántos miles de damnificados, especialmente niños, tuvieron que morirse de sed, de hambre y de frío! Luego, vino el gobierno nacional, que en medio de un desorden impresionante, trató de atender a los heridos y proveer de abrigo, alimento y medicinas. La cooperación internacional prefirió operar por su cuenta en lugar de apoyarse en una contraparte gubernamental.
LA segunda lección aprendida es la creación del FORSUR, que surgió como propuesta política para enfrentar el desastre. Fue una mala idea. La ley que lo creó se hizo de manera informal y entre gallos y media noche. Creó una Unidad Ejecutora que no ejecutó gran cosa, y terminó transfiriendo recursos a los municipios y a los ministerios, es decir, más burocracia. Lo exoneró de los controles de gasto como el SNIP y contrataciones, cuando ya existían normas simplificadas para esos casos. Como consecuencia, dado que la plata pública siempre necesitará reglas para gastarse, salvo que quiera ir uno preso, FORSUR terminó creando nuevos trámites. Para qué?
El FORSUR debilitó el Sistema Nacional de Defensa Civil y asumió funciones que le corresponde a los municipios y los gobiernos regionales. Si el gobierno nacional quería apoyar, pudo haberlo hecho perfectamente desde los ministerios como ya lo ha estado haciendo. FORSUR ha recibido una cantidad enorme de recursos y no existe ningún informe público ni auditoría técnica sobre su trabajo. Dados los resultados, la ciudadanía exige una explicación sobre el uso de esa plata.
La principal lección para este y los futuros gobiernos es que frente a un desastre, el Estado no debe hacer experimentos. Debemos fortalecer nuestros Sistema Nacional de Defensa Civil, al INDECI como ente rector, y especialmente a los gobiernos locales a nivel provincial. Aquí debemos proveer el mejor personal calificado en prevención, un buen sistema de registro y de información de peligros, así como una adecuada capacitación sobre los protocolos, sobretodo en las escuelas.
Nadie desea otro desastre, pero el Perú tiene todos los peligros naturales, salvo huracanes o tifones. Ideas como el FORSUR no deben repetirse. La reconstrucció n no es un objetivo de largo plazo, y nuestros compatriotas del sur no merecen sufrir la inoperancia del aparato estatal.
Lima. 15 de agosto de 2009
La catástrofe nos ha dejado lecciones aprendidas, que el Estado y todos los peruanos no debemos olvidar. La primera es que nuestro sistema de defensa civil funciona de manera muy precaria. Los municipios no están preparados para enfrentar un desastre de esa escala, aunque hicieron lo que pudieron en las primeras 48 horas críticas de la emergencia. Cuántos miles de damnificados, especialmente niños, tuvieron que morirse de sed, de hambre y de frío! Luego, vino el gobierno nacional, que en medio de un desorden impresionante, trató de atender a los heridos y proveer de abrigo, alimento y medicinas. La cooperación internacional prefirió operar por su cuenta en lugar de apoyarse en una contraparte gubernamental.
LA segunda lección aprendida es la creación del FORSUR, que surgió como propuesta política para enfrentar el desastre. Fue una mala idea. La ley que lo creó se hizo de manera informal y entre gallos y media noche. Creó una Unidad Ejecutora que no ejecutó gran cosa, y terminó transfiriendo recursos a los municipios y a los ministerios, es decir, más burocracia. Lo exoneró de los controles de gasto como el SNIP y contrataciones, cuando ya existían normas simplificadas para esos casos. Como consecuencia, dado que la plata pública siempre necesitará reglas para gastarse, salvo que quiera ir uno preso, FORSUR terminó creando nuevos trámites. Para qué?
El FORSUR debilitó el Sistema Nacional de Defensa Civil y asumió funciones que le corresponde a los municipios y los gobiernos regionales. Si el gobierno nacional quería apoyar, pudo haberlo hecho perfectamente desde los ministerios como ya lo ha estado haciendo. FORSUR ha recibido una cantidad enorme de recursos y no existe ningún informe público ni auditoría técnica sobre su trabajo. Dados los resultados, la ciudadanía exige una explicación sobre el uso de esa plata.
La principal lección para este y los futuros gobiernos es que frente a un desastre, el Estado no debe hacer experimentos. Debemos fortalecer nuestros Sistema Nacional de Defensa Civil, al INDECI como ente rector, y especialmente a los gobiernos locales a nivel provincial. Aquí debemos proveer el mejor personal calificado en prevención, un buen sistema de registro y de información de peligros, así como una adecuada capacitación sobre los protocolos, sobretodo en las escuelas.
Nadie desea otro desastre, pero el Perú tiene todos los peligros naturales, salvo huracanes o tifones. Ideas como el FORSUR no deben repetirse. La reconstrucció n no es un objetivo de largo plazo, y nuestros compatriotas del sur no merecen sufrir la inoperancia del aparato estatal.
Lima. 15 de agosto de 2009
lunes, 3 de agosto de 2009
Punto para la agenda contra la corrupción: la inversión pública
En el 2008 la inversión pública es de 16.000 millones de soles y en el 2009 bordeará el 4.3% del PBI, una participación significativamente mayor que a inicios de la década. En este contexto sin embargo, existe un riesgo muy alto: la presencia de la corrupción ante el incremento del gasto de inversión. No es un secreto que en las finanzas públicas la corrupción está muy cerca de las grandes obras y las grandes licitaciones. Los corruptos presionan la ejecución de obras de gran magnitud porque se abren las oportunidades de “negocios”.
Este riesgo ha sido advertido por diferentes estudios económicos en el FMI y la Banca Multilateral . Los países en vías de desarrollo con periodos de relativa bonanza, han incrementado sus obras públicas, pero lamentablemente en algunos, con fuertes casos de corrupción que terminaron afectando su crecimiento y también su gobernabilidad como el caso argentino. El peligro es muy grave porque al postor/operador corrupto no le interesa hacer buenas obras, y al político o funcionario corrupto solo le interesa cobrar el soborno o el porcentaje pactado bajo la mesa.
Desde el punto de vista económico, invertir más es igual de importante que invertir bien. De nada sirve ejecutar obras que sólo son útiles para las empresas de cemento y ladrillo, pero que no tienen utilidad pública (ineficaces). De nada sirve ejecutar obras que al poco tiempo necesita ser reparada o funcionan mal, pasando así al museo de la arqueología del desarrollo (insostenibles). Eso explica en parte porque no existe una cultura del mantenimiento de los servicios, porque así se presiona a “invertir” nuevamente en proyectos. Asimismo, es muy injusto ejecutar obras a cualquier precio y diseño (sobredimensionamiento), porque eso afecta la ejecución de obras en otros sitios, por lo general más alejados y en pobreza extrema.
La situación es complicada porque la necesidad de hacer más obras y proyectos es real, la presión social de la población es permanente, y políticamente es insostenible “contar la plata delante de los pobres”, por ilustrar el caso de los municipios con sus cuentas del canon sin gastar.
En este escenario, es conveniente poner atención a algunos puntos:
a) LA Fiscalía y la Contraloría General de la República tienen un rol central. El nuevo Contralor necesita poner todas las alarmas a los recursos de inversión, y el MEF debe asignarle el presupuesto necesario.
b) El SNIP puede ser un sistema administrativo incómodo en las velocidades de decisión para ejecutar proyectos, pero es absolutamente necesario. PetroPerú está exonerado del SNIP por ejemplo.
c) El sistema de presupuesto tiene otro rol fundamental, así como el SNIP, en el seguimiento y supervisión del gasto de inversión. Es necesario un sistema de alarma cuando la asignación presupuestal supera el monto declarado viable en el estudio. La corrupción es muy hábil para justificar gastos adicionales o “nuevos” ajustes al proyecto.
d) Es necesario poner mucha atención a las licitaciones denominadas por “concurso oferta”. La supervisión del expediente técnico es clave para evitar incrementos innecesarios en el presupuesto de la obra. Igualmente en el caso de la administración directa, que tiene todos los incentivos para atraer corrupción.
e) Los proyectos con endeudamiento siguen siendo experiencias que pueden ser muy útiles para replicar. La banca multilateral puede apoyar en mejorar los mecanismos y procesos de supervisión del gasto de inversión. En las operaciones de deuda, la publicación del valor referencial de las obras es muy importante.
La inversión pública está en los primeros puntos de la agenda de la lucha contra la corrupción. El nuevo gabinete tiene una buena oportunidad para tomar algunas medidas rápidas en esa dirección. Será una señal saludable para un reclamo nacional y empezar con buen pie esta gestión
Miguel Prialé Ugás, 13 de octubre del 2008
domingo, 2 de agosto de 2009
Lo bueno y lo malo de la descentralización popular
Lo bueno y lo malo de la “descentralización popular”
Por Miguel Prialé Ugás
El día de hoy el Presidente ha publicado un extenso artículo defendiendo los núcleos ejecutores de la anunciada descentralización popular. Resulta interesante observar la reacción de Palacio a las críticas pues demuestra que existe una alta prioridad y expectativa sobre la puesta en marcha de esta propuesta. La idea no es novedosa. Ya se ha aplicado y se aplica en el Perú, por lo tanto es posible afirmar lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Veamos y analicemos en ese orden.
¿Dar recursos públicos directamente a la población ha tenido buenos resultados en proyectos? Sí, pero bajo ciertas condiciones. La primera es que existan reglas de rendición y control muy claras. Segundo, que la supervisión sea conjunta entre la población y la entidad pública. Tercero, que existan compromisos viables para el mantenimiento y operación. Cuatro, que esté circunscrito a cierto tipo de intervenciones de baja complejidad: asistencia técnica, reparaciones de infraestructura menor: caminos, escuelas, riego, entre otros.
Existen experiencias positivas que el gobierno puede tomar como ejemplo. Pronamachcs y Foncodes no lo son, y es inexacto que esas instituciones hayan tenido un comportamiento de gestión impecable y transparente. Sería muy útil publicar los informes de evaluación y auditoría de los últimos 10 años en estas entidades. Casos contrarios han sido los Proyectos Corredor Puno Cusco, Marenass y Sierra Sur de Agrorural en el Ministerio de Agricultura, los cuales, mediante mecanismo concursables muy claros, le han sacado literalmente el jugo a la plata pública. Las comunidades y las familias han hecho buenas obras, útiles, durables y de rápido impacto, especialmente, en el campo y en las familias más pobres.
Otros buenos ejemplos han sido los programas de mantenimiento de caminos rurales implementado por el MTC, y ahora la publicitada Sierra Productiva donde la población ejecuta sus obras de riego tecnificado y asistencia técnica. Ciertamente, estas experiencias fortalecen la descentralización participativa, favorecen los espacios cívicos y promueven la creación de organizaciones en la sociedad civil. En buena cuenta, institucionaliza las fuerzas locales y regionales. Asimismo, es necesario reconocer que favorece los espacios de aprendizaje para el desarrollo de competencias y de prácticas democráticas.
Sin embargo, es necesario advertir riesgos y desinformaciones sobre los núcleos ejecutores. Primero, no es un mecanismo para agilizar el gasto. Es imposible que ellos logren gastar a niveles tales que reviertan los bajos niveles de gasto en inversión. Ese resultado se tendrá con obras de mediana y gran escala, y eso es trabajo del Estado directamente. Segundo, no es exacto que en el Estado estas obras tendrían “severas exigencias de inversión que demoran años”. Hoy, el SNIP pide una ficha simplificada que se aprueba en 05 días y el proceso de licitación es muy rápido. Las exigencias de rendición y supervisión deben ser iguales o más rigurosas para los núcleos ejecutores.
Una mala señal ciertamente es encargar esta iniciativa a Foncodes, que es uno de los dinosaurios más recordados del centralismo y el populismo del gasto público en los años 90s. Esa contradicción con el mensaje de la descentralización popular debe corregirse. Lamentablemente, Foncodes es quien tiene el marco legal para dar plata pública a la población en obras. Lo más sano es que sea una política nacional, para todos los niveles de gobierno pero con un ente rector regulador nacional. Se espera entonces una propuesta concreta en los próximos días, especialmente en las reglas para la distribución, asignación y control del gasto, tal como lo ha expresado el Presidente en su artículo. Tarea para el nuevo gabinete.
Un error conceptual es pensar que los núcleos ejecutores son la herramienta para que la plata pública llegue directamente a los más pobres. Es una herramienta sí, pero no es la más importante. La inversión pública de mayor impacto en las zonas de pobreza extrema está concentrada en carreteras, agua potable, electrificación, acceso a buenos servicios de salud, calidad educativa, etc. Por lo tanto, la descentralización no debe ser una estrategia de fachada que permita al Estado evitar asumir sus responsabilidades.
Finalmente, y buscando los argumentos para decir sí y eliminando aquellos para decir no. Los núcleos ejecutores son una buena estrategia para fortalecer la democracia participativa, especialmente en los gobiernos locales y en los programas del Estado con obras de baja complejidad. Necesita un marco legal con reglas de supervisión y rendición simples pero rigurosas. Es necesario eliminar cualquier elemento de duda o desconfianza de intervención política partidaria, la participación de Foncodes no ayuda a este propósito. Lo más recomendable es que este esfuerzo recaiga en un Comité Multisectorial con participación de la sociedad civil. Esperemos una rápida reacción y propuesta del Premier Velasquez Quesquén, a fin de no repetir anuncios presidenciales con mucho ruido pero sin pocas nueces.
Lima, 02 de agosto de 2009.
Por Miguel Prialé Ugás
El día de hoy el Presidente ha publicado un extenso artículo defendiendo los núcleos ejecutores de la anunciada descentralización popular. Resulta interesante observar la reacción de Palacio a las críticas pues demuestra que existe una alta prioridad y expectativa sobre la puesta en marcha de esta propuesta. La idea no es novedosa. Ya se ha aplicado y se aplica en el Perú, por lo tanto es posible afirmar lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Veamos y analicemos en ese orden.
¿Dar recursos públicos directamente a la población ha tenido buenos resultados en proyectos? Sí, pero bajo ciertas condiciones. La primera es que existan reglas de rendición y control muy claras. Segundo, que la supervisión sea conjunta entre la población y la entidad pública. Tercero, que existan compromisos viables para el mantenimiento y operación. Cuatro, que esté circunscrito a cierto tipo de intervenciones de baja complejidad: asistencia técnica, reparaciones de infraestructura menor: caminos, escuelas, riego, entre otros.
Existen experiencias positivas que el gobierno puede tomar como ejemplo. Pronamachcs y Foncodes no lo son, y es inexacto que esas instituciones hayan tenido un comportamiento de gestión impecable y transparente. Sería muy útil publicar los informes de evaluación y auditoría de los últimos 10 años en estas entidades. Casos contrarios han sido los Proyectos Corredor Puno Cusco, Marenass y Sierra Sur de Agrorural en el Ministerio de Agricultura, los cuales, mediante mecanismo concursables muy claros, le han sacado literalmente el jugo a la plata pública. Las comunidades y las familias han hecho buenas obras, útiles, durables y de rápido impacto, especialmente, en el campo y en las familias más pobres.
Otros buenos ejemplos han sido los programas de mantenimiento de caminos rurales implementado por el MTC, y ahora la publicitada Sierra Productiva donde la población ejecuta sus obras de riego tecnificado y asistencia técnica. Ciertamente, estas experiencias fortalecen la descentralización participativa, favorecen los espacios cívicos y promueven la creación de organizaciones en la sociedad civil. En buena cuenta, institucionaliza las fuerzas locales y regionales. Asimismo, es necesario reconocer que favorece los espacios de aprendizaje para el desarrollo de competencias y de prácticas democráticas.
Sin embargo, es necesario advertir riesgos y desinformaciones sobre los núcleos ejecutores. Primero, no es un mecanismo para agilizar el gasto. Es imposible que ellos logren gastar a niveles tales que reviertan los bajos niveles de gasto en inversión. Ese resultado se tendrá con obras de mediana y gran escala, y eso es trabajo del Estado directamente. Segundo, no es exacto que en el Estado estas obras tendrían “severas exigencias de inversión que demoran años”. Hoy, el SNIP pide una ficha simplificada que se aprueba en 05 días y el proceso de licitación es muy rápido. Las exigencias de rendición y supervisión deben ser iguales o más rigurosas para los núcleos ejecutores.
Una mala señal ciertamente es encargar esta iniciativa a Foncodes, que es uno de los dinosaurios más recordados del centralismo y el populismo del gasto público en los años 90s. Esa contradicción con el mensaje de la descentralización popular debe corregirse. Lamentablemente, Foncodes es quien tiene el marco legal para dar plata pública a la población en obras. Lo más sano es que sea una política nacional, para todos los niveles de gobierno pero con un ente rector regulador nacional. Se espera entonces una propuesta concreta en los próximos días, especialmente en las reglas para la distribución, asignación y control del gasto, tal como lo ha expresado el Presidente en su artículo. Tarea para el nuevo gabinete.
Un error conceptual es pensar que los núcleos ejecutores son la herramienta para que la plata pública llegue directamente a los más pobres. Es una herramienta sí, pero no es la más importante. La inversión pública de mayor impacto en las zonas de pobreza extrema está concentrada en carreteras, agua potable, electrificación, acceso a buenos servicios de salud, calidad educativa, etc. Por lo tanto, la descentralización no debe ser una estrategia de fachada que permita al Estado evitar asumir sus responsabilidades.
Finalmente, y buscando los argumentos para decir sí y eliminando aquellos para decir no. Los núcleos ejecutores son una buena estrategia para fortalecer la democracia participativa, especialmente en los gobiernos locales y en los programas del Estado con obras de baja complejidad. Necesita un marco legal con reglas de supervisión y rendición simples pero rigurosas. Es necesario eliminar cualquier elemento de duda o desconfianza de intervención política partidaria, la participación de Foncodes no ayuda a este propósito. Lo más recomendable es que este esfuerzo recaiga en un Comité Multisectorial con participación de la sociedad civil. Esperemos una rápida reacción y propuesta del Premier Velasquez Quesquén, a fin de no repetir anuncios presidenciales con mucho ruido pero sin pocas nueces.
Lima, 02 de agosto de 2009.
Gastar bien y rápido, un arte difícil pero no imposible
Gastar bien y rápido, un arte difícil pero no imposible
Por Miguel Prialé Ugás
Las recientes declaraciones del Presidente García y el nuevo Premier Velasquez Quesquén revelan una vez más la alta prioridad (y angustia) del gobierno por acelerar la ejecución del gasto público en inversión: “hay que gastar más, hay que hacer obras”. Revelan asimismo, la evidente debilidad del Estado para gastar rápido y bien.
Acelerar el gasto es siempre un objetivo político, pero también debemos advertir que el Estado es un buque gigante de más de 80,000 millones de soles. Este buque es lento y tiene el timón muy duro, y sin embargo, puede funcionar con cierta eficiencia. Lamentablemente, las soluciones y las decisiones para gastar no han sido efectivas, en buena parte, porque existe mucha desinformación y que termina en mitologías como echarle toda la culpa al SNIP.
Si observamos en las entidades públicas que manejan mucho presupuesto para obras, los verdaderos cuellos de botella para gastar están en 5 puntos:
- No hay personal suficiente, ni personal calificado que sepa navegar bien en los sistemas administrativos del Estado. Se necesita burocracia competente.
- Demoras excesivas para obtener permisos y autorizaciones: ambientales, arqueológicos, disponibilidad de agua, aprobaciones de la UGEL (Educación) o la DIRESA (Salud), etc.
- No se ha completado el saneamiento físico legal y expropiaciones del terreno donde va a hacerse la obra
- Los estudios de los proyectos son deficientes o incompletos, se necesita completarlos o en el peor de los casos rehacerlos.
- Impugnaciones y licitaciones desiertas, que para todo el proceso de ejecución. Los incentivos a impugnar son altos lamentablemente
Ninguno de estos puntos tiene que ver con la normatividad del SNIP. Adicionalmente, existen problemas estructurales típicos como la no disponibilidad presupuestal, cambios repentinos de prioridad, alta rotación de personal, y ciertamente observaciones del SNIP e incluso del órgano de control. Pero ojo, las verdaderas piedras en el zapato no está en cambio en la normatividad, sino en los aspectos de gestión como bien ya lo había advertido un estudio del FONAFE (2006).
Tomando en cuento lo anterior, es un grave error seguir golpeando al SNIP y bajar aún más sus exigencias técnicas. Este es un control de calidad que se debe defender porque contribuye a combatir la informalidad para gastar, que por cierto, es carne fresca para los leones de la corrupción. Recordemos además que el 95% del presupuesto de inversiones 2009, ya pasó por el SNIP. Qué sentido tiene flexibilizar el 5% restante? Otro error que no se debe cometer es perforar los sistemas con excepciones o normas de urgencia para un grupo de proyectos. Basta ver la experiencia del FORSUR que es una “zona franca” para gastar: el avance es casi nulo.
Algunas recomendaciones finales para gastar bien y rápido:
- Escoger las entidades públicas que tienen los mejores indicadores de calidad de ejecución de gasto.
- A partir del primer punto, priorizar y asignar recursos a los proyectos en ejecución que son significativos. Eso implica disponer a los supervisores de obra que presionen para acelerar los cronogramas de los contratistas
- Identificar los 30 proyectos de inversión más importantes que están en fase de licitación y que la OSCE disponga su mejor equipo técnico para asegurar un rápido proceso, sin impugnaciones ni retrasos administrativos
- Identificar los 30 proyectos de inversión más importantes que están en fase de preparación de expedientes, y que los Sectores y el MEF destaquen un equipo de expertos que supervise la adecuada elaboración de los estudios.
- Asignar y garantizar recursos para los estudios definitivos y expedientes técnicos. Facilitar la contratación de equipos especializados (aprobar reglamento del DL REPIPs)
- Que el MEF identifique rápidamente las inversiones de reposición en los principales sectores como transportes, saneamiento e infraestructura social.
Las medidas requieren un esfuerzo conjunto y una alta proactividad del Ejecutivo y también de los gobiernos subnacionales. Las fuerzas son escasas y tenemos que priorizarlas bien, de ahí la importancia de poner todos los recursos en los proyectos más maduros y en las entidades públicas con mayores capacidades. Ciertamente, el problema estructural del personal calificado tiene que corregirse, esperemos que la agencia SERVIR tenga más apoyo para ampliar la construcción de una gerencia pública de alta calidad, que sepa gastar bien y rápido.
Por Miguel Prialé Ugás
Las recientes declaraciones del Presidente García y el nuevo Premier Velasquez Quesquén revelan una vez más la alta prioridad (y angustia) del gobierno por acelerar la ejecución del gasto público en inversión: “hay que gastar más, hay que hacer obras”. Revelan asimismo, la evidente debilidad del Estado para gastar rápido y bien.
Acelerar el gasto es siempre un objetivo político, pero también debemos advertir que el Estado es un buque gigante de más de 80,000 millones de soles. Este buque es lento y tiene el timón muy duro, y sin embargo, puede funcionar con cierta eficiencia. Lamentablemente, las soluciones y las decisiones para gastar no han sido efectivas, en buena parte, porque existe mucha desinformación y que termina en mitologías como echarle toda la culpa al SNIP.
Si observamos en las entidades públicas que manejan mucho presupuesto para obras, los verdaderos cuellos de botella para gastar están en 5 puntos:
- No hay personal suficiente, ni personal calificado que sepa navegar bien en los sistemas administrativos del Estado. Se necesita burocracia competente.
- Demoras excesivas para obtener permisos y autorizaciones: ambientales, arqueológicos, disponibilidad de agua, aprobaciones de la UGEL (Educación) o la DIRESA (Salud), etc.
- No se ha completado el saneamiento físico legal y expropiaciones del terreno donde va a hacerse la obra
- Los estudios de los proyectos son deficientes o incompletos, se necesita completarlos o en el peor de los casos rehacerlos.
- Impugnaciones y licitaciones desiertas, que para todo el proceso de ejecución. Los incentivos a impugnar son altos lamentablemente
Ninguno de estos puntos tiene que ver con la normatividad del SNIP. Adicionalmente, existen problemas estructurales típicos como la no disponibilidad presupuestal, cambios repentinos de prioridad, alta rotación de personal, y ciertamente observaciones del SNIP e incluso del órgano de control. Pero ojo, las verdaderas piedras en el zapato no está en cambio en la normatividad, sino en los aspectos de gestión como bien ya lo había advertido un estudio del FONAFE (2006).
Tomando en cuento lo anterior, es un grave error seguir golpeando al SNIP y bajar aún más sus exigencias técnicas. Este es un control de calidad que se debe defender porque contribuye a combatir la informalidad para gastar, que por cierto, es carne fresca para los leones de la corrupción. Recordemos además que el 95% del presupuesto de inversiones 2009, ya pasó por el SNIP. Qué sentido tiene flexibilizar el 5% restante? Otro error que no se debe cometer es perforar los sistemas con excepciones o normas de urgencia para un grupo de proyectos. Basta ver la experiencia del FORSUR que es una “zona franca” para gastar: el avance es casi nulo.
Algunas recomendaciones finales para gastar bien y rápido:
- Escoger las entidades públicas que tienen los mejores indicadores de calidad de ejecución de gasto.
- A partir del primer punto, priorizar y asignar recursos a los proyectos en ejecución que son significativos. Eso implica disponer a los supervisores de obra que presionen para acelerar los cronogramas de los contratistas
- Identificar los 30 proyectos de inversión más importantes que están en fase de licitación y que la OSCE disponga su mejor equipo técnico para asegurar un rápido proceso, sin impugnaciones ni retrasos administrativos
- Identificar los 30 proyectos de inversión más importantes que están en fase de preparación de expedientes, y que los Sectores y el MEF destaquen un equipo de expertos que supervise la adecuada elaboración de los estudios.
- Asignar y garantizar recursos para los estudios definitivos y expedientes técnicos. Facilitar la contratación de equipos especializados (aprobar reglamento del DL REPIPs)
- Que el MEF identifique rápidamente las inversiones de reposición en los principales sectores como transportes, saneamiento e infraestructura social.
Las medidas requieren un esfuerzo conjunto y una alta proactividad del Ejecutivo y también de los gobiernos subnacionales. Las fuerzas son escasas y tenemos que priorizarlas bien, de ahí la importancia de poner todos los recursos en los proyectos más maduros y en las entidades públicas con mayores capacidades. Ciertamente, el problema estructural del personal calificado tiene que corregirse, esperemos que la agencia SERVIR tenga más apoyo para ampliar la construcción de una gerencia pública de alta calidad, que sepa gastar bien y rápido.
viernes, 3 de abril de 2009
Principios y riesgos de la descentralización
Por Miguel Prialé Ugás
Han pasado casi 9 años desde que el Perú inició la descentralización del Estado. La reforma avanza lenta pero irreversiblemente, aunque quienes creemos en ella no dejamos de observar el proceso con cierta angustia. Ello es así, por el riesgo de las estructuras centrales a resistirse a transferir poder, al aún bajo promedio de calidad en las burocracias y carreras públicas, así como por la lentitud y las complejidades del proceso de transferencia a nivel político, administrativo y económico.
Contra lo que algunos pueden pensar, la descentralización no es solo una estrategia programática para construir un aparato político administrativo. La descentralización se apoya en algunos principios que vale la pena analizar como son la libre administración, la subsidiariedad, la democracia local, etc. Este texto busca despejar y aclarar el debate a propósito de la descentralización. ¿Cuáles son las razones para descentralizar un Estado? ¿Cuáles son los riesgos?
¿Por qué descentralizar?
En general, la descentralización se apoya en el principio de subsidiaridad. La idea es relativamente simple: « todo lo que se puede producir, hacer o decidir a nivel local, se debe y se tiene que producir, hacer y decidir a nivel local ». Es mejor, es más eficiente, es más rápido y es más legítimo.
El principio de libre administración es también fundamental para entender la descentralización. Las reivindicaciones regionales, algunas más entendibles que otras, son una muestra de la demanda de los pueblos para llegar a las decisiones de gobierno y definir la construcción de su destino. Por ello, es políticamente clave que los gobiernos regionales y locales sean representativos, como expresión legítima de la voluntad general de las mayorías.
El principio de descentralización se apoya en los gobiernos locales y regionales porque considera que es son niveles de gobierno más eficaz de enfrentar muchos problemas colectivos y para aplicar adecuadas políticas asociadas en los principales servicios públicos básicos. En el nivel nacional se mantendrían los servicios y programas por razones de escala o de rol estratégico como son el sector defensa, la justicia o la seguridad ciudadana, entre otros.
En realidad, en el Perú aun mantenemos varios esquemas desconcentrados pues se mantiene la relación jerárquica funcional en muchos de los sistemas administrativos del Estado y del rol normativo sectorial, aunque ello ha empezado poco a poco a revertirse. Uno de estos sistemas administrativos es el de presupuesto, que si bien está asociado al principio de caja única de toda República unitaria, también tiene que ver con la reforma fiscal, es decir, con las herramientas para que los gobiernos regionales y locales desarrollen sus propias fuentes de ingresos.
La experiencia internacional muestra que los Estados centralistas, están acompañados de un alto riesgo de concentración de poder político y económico, con las consecuencias de corrupción y desgobierno. Por ello, es importante resaltar los principios que sustentan la descentralización y que están asociados al buen gobierno y a la gobernabilidad estable:
1) La descentralización es un medio para fragmentar el poder y dispersar el poder político. Ello significa un equilibrio frente a los enormes poderes del gobierno nacional, así como del poder económico de la capital.
2) La descentralización favorece los espacios cívicos y promueve la creación de organizaciones en la sociedad civil. En buena cuenta, institucionaliza las fuerzas locales y regionales.
3) La descentralización favorece los espacios de aprendizaje para el desarrollo de competencias y de prácticas democráticas.
4) La descentralización permite adaptarse a la diversidad de las demandas populares, lo cual es clave en un país tan heterogéneo como el Perú.
5) La descentralización ofrece ventajas para las iniciativas económicas locales. En el campo de la microempresa, especialmente la manufactura y el comercio, los cambios son muy importantes.
¿Qué riesgos implica la descentralización?
En primer lugar, la descentralización no puede romper la coherencia de las políticas nacionales porque eso es lo que nos fortalece como República unitaria. Esa coherencia se apoya en las políticas sectoriales que tienen un nivel y no tienen por qué microgerenciar decisiones sub nacionales.
En segundo lugar, hay un tema de capacidad administrativa. El proceso debe ser gradual, a fin de permitir que los funcionarios y la población estén preparados para asumir las responsabilidades. Aquí hay un esfuerzo muy importante para elevar los niveles gerenciales de las oficinas responsables en el ciclo de gasto (inversiones, presupuesto, logística). Ello está asociado fuertemente a adecuados procesos de selección de personal, remuneraciones competitivas y cierto nivel de estabilidad y autonomía técnica. Los esfuerzos actuales en el Programa SERVIR merecen un mayor apoyo.
En tercer lugar, tenemos el tema de la fiscalización. Los peligros son altos cuando los responsables locales no tienen la responsabilidad de sus propios ingresos y eso en el Perú, es determinante pues la mayoría de municipalidades no tiene como financiarse.
En cuarto lugar, es altamente posible, por lo menos al comienzo, que las autoridades locales tengan una visión « estrecha » de las políticas públicas en relación al gobierno central. Ello puede observarse en el tipo de proyectos de inversión que ejecutan las regiones y los municipios, dejando al gobierno nacional los servicios básicos.
Finalmente, un riesgo importante es que la descentralización puede resultar una estrategia de fachada que permita al gobierno central evitar asumir determinadas responsabilidades. Ello conduce a proponer una adecuación entre responsabilidades y recursos en cada nivel.
La existencia de los riesgos en las reformas por descentralizar, requieren ser enfrentadas con estrategias bien definidas.
i) Un gobierno local fuerte, con capacidad de recolectar ingresos. Combatir la pereza fiscal a través de un buen catastro y un sólido sistema de recaudación.
ii) El apoyo del gobierno central sigue siendo fundamental, especialmente en las capacidades de gasto y en mantener la coherencia de las políticas nacionales.
iii) Debe existir una demanda local que le dé sentido a la gestión local.
iv) Por último, debemos decir que no hay un modelo de descentralización ideal. Lo que sí es cierto es que el Perú construye su propio modelo y para ello no puede obviarse las estructuras actuales
Lima, abril 2009
Han pasado casi 9 años desde que el Perú inició la descentralización del Estado. La reforma avanza lenta pero irreversiblemente, aunque quienes creemos en ella no dejamos de observar el proceso con cierta angustia. Ello es así, por el riesgo de las estructuras centrales a resistirse a transferir poder, al aún bajo promedio de calidad en las burocracias y carreras públicas, así como por la lentitud y las complejidades del proceso de transferencia a nivel político, administrativo y económico.
Contra lo que algunos pueden pensar, la descentralización no es solo una estrategia programática para construir un aparato político administrativo. La descentralización se apoya en algunos principios que vale la pena analizar como son la libre administración, la subsidiariedad, la democracia local, etc. Este texto busca despejar y aclarar el debate a propósito de la descentralización. ¿Cuáles son las razones para descentralizar un Estado? ¿Cuáles son los riesgos?
¿Por qué descentralizar?
En general, la descentralización se apoya en el principio de subsidiaridad. La idea es relativamente simple: « todo lo que se puede producir, hacer o decidir a nivel local, se debe y se tiene que producir, hacer y decidir a nivel local ». Es mejor, es más eficiente, es más rápido y es más legítimo.
El principio de libre administración es también fundamental para entender la descentralización. Las reivindicaciones regionales, algunas más entendibles que otras, son una muestra de la demanda de los pueblos para llegar a las decisiones de gobierno y definir la construcción de su destino. Por ello, es políticamente clave que los gobiernos regionales y locales sean representativos, como expresión legítima de la voluntad general de las mayorías.
El principio de descentralización se apoya en los gobiernos locales y regionales porque considera que es son niveles de gobierno más eficaz de enfrentar muchos problemas colectivos y para aplicar adecuadas políticas asociadas en los principales servicios públicos básicos. En el nivel nacional se mantendrían los servicios y programas por razones de escala o de rol estratégico como son el sector defensa, la justicia o la seguridad ciudadana, entre otros.
En realidad, en el Perú aun mantenemos varios esquemas desconcentrados pues se mantiene la relación jerárquica funcional en muchos de los sistemas administrativos del Estado y del rol normativo sectorial, aunque ello ha empezado poco a poco a revertirse. Uno de estos sistemas administrativos es el de presupuesto, que si bien está asociado al principio de caja única de toda República unitaria, también tiene que ver con la reforma fiscal, es decir, con las herramientas para que los gobiernos regionales y locales desarrollen sus propias fuentes de ingresos.
La experiencia internacional muestra que los Estados centralistas, están acompañados de un alto riesgo de concentración de poder político y económico, con las consecuencias de corrupción y desgobierno. Por ello, es importante resaltar los principios que sustentan la descentralización y que están asociados al buen gobierno y a la gobernabilidad estable:
1) La descentralización es un medio para fragmentar el poder y dispersar el poder político. Ello significa un equilibrio frente a los enormes poderes del gobierno nacional, así como del poder económico de la capital.
2) La descentralización favorece los espacios cívicos y promueve la creación de organizaciones en la sociedad civil. En buena cuenta, institucionaliza las fuerzas locales y regionales.
3) La descentralización favorece los espacios de aprendizaje para el desarrollo de competencias y de prácticas democráticas.
4) La descentralización permite adaptarse a la diversidad de las demandas populares, lo cual es clave en un país tan heterogéneo como el Perú.
5) La descentralización ofrece ventajas para las iniciativas económicas locales. En el campo de la microempresa, especialmente la manufactura y el comercio, los cambios son muy importantes.
¿Qué riesgos implica la descentralización?
En primer lugar, la descentralización no puede romper la coherencia de las políticas nacionales porque eso es lo que nos fortalece como República unitaria. Esa coherencia se apoya en las políticas sectoriales que tienen un nivel y no tienen por qué microgerenciar decisiones sub nacionales.
En segundo lugar, hay un tema de capacidad administrativa. El proceso debe ser gradual, a fin de permitir que los funcionarios y la población estén preparados para asumir las responsabilidades. Aquí hay un esfuerzo muy importante para elevar los niveles gerenciales de las oficinas responsables en el ciclo de gasto (inversiones, presupuesto, logística). Ello está asociado fuertemente a adecuados procesos de selección de personal, remuneraciones competitivas y cierto nivel de estabilidad y autonomía técnica. Los esfuerzos actuales en el Programa SERVIR merecen un mayor apoyo.
En tercer lugar, tenemos el tema de la fiscalización. Los peligros son altos cuando los responsables locales no tienen la responsabilidad de sus propios ingresos y eso en el Perú, es determinante pues la mayoría de municipalidades no tiene como financiarse.
En cuarto lugar, es altamente posible, por lo menos al comienzo, que las autoridades locales tengan una visión « estrecha » de las políticas públicas en relación al gobierno central. Ello puede observarse en el tipo de proyectos de inversión que ejecutan las regiones y los municipios, dejando al gobierno nacional los servicios básicos.
Finalmente, un riesgo importante es que la descentralización puede resultar una estrategia de fachada que permita al gobierno central evitar asumir determinadas responsabilidades. Ello conduce a proponer una adecuación entre responsabilidades y recursos en cada nivel.
La existencia de los riesgos en las reformas por descentralizar, requieren ser enfrentadas con estrategias bien definidas.
i) Un gobierno local fuerte, con capacidad de recolectar ingresos. Combatir la pereza fiscal a través de un buen catastro y un sólido sistema de recaudación.
ii) El apoyo del gobierno central sigue siendo fundamental, especialmente en las capacidades de gasto y en mantener la coherencia de las políticas nacionales.
iii) Debe existir una demanda local que le dé sentido a la gestión local.
iv) Por último, debemos decir que no hay un modelo de descentralización ideal. Lo que sí es cierto es que el Perú construye su propio modelo y para ello no puede obviarse las estructuras actuales
Lima, abril 2009
martes, 3 de febrero de 2009
La inversión privada en los proyectos públicos: ventajas y desventajas de las APPs
Por Miguel Prialé Ugás
Hace poco el gobierno aprobó el reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas (APPs) que busca promover la inversión privada en servicios e infraestructura básicos como carreteras, agua potable, riego, puertos, etc. La idea es relativamente simple, si el privado puede hacerlo mejor que el Estado, entonces que lo haga. Esta estrategia empezó a desarrollarse en el mundo desde inicios de los 80s, y en el Perú desde mediados de los 90s (la responsabilidad recayó en la denominada CEPRI, hoy PROINVERSION). Sin embargo es la primera vez que existe un marco legal explícito para las APPs, lo cual debemos resaltar positivamente.
La ley y el reglamento de APPs no obstante, han sido fuertemente criticados por su poca claridad, por su excesivo centralismo en el MEF y por su complejidad burocrática, lo que puede afectar su objetivo principal al desincentivar a los inversionistas. No se ha escuchado críticas a la estrategia misma, y de hecho se ha asumido peligrosamente que el modelo de APPs es bueno por definición. Es importante entonces analizar la utilidad de esta herramienta, no hacer dogmas de las bondades de la inversión privada y evitar la historia del gasto público en el Perú donde pecamos de informales o de muy poco ordenados.
La experiencia mundial en APPs ha mostrado un balance positivo, especialmente en proyectos de infraestructura pública como puertos, aeropuertos, carreteras y energía, así como en riego, agua potable y comunicaciones; también se ha visto algunos resultados interesantes en sectores de típico monopolio estatal como hospitales, cárceles o areas naturales protegidas. Los países han logrado cerrar una parte de sus brechas de infraestructura con esta estrategia (ver casos como chile y colombia), y puede afirmarse que el éxito de esta estrategia ha estado asociado a dos factores: 1) un buen y sólido sistema regulatorio y 2) una rigurosa evaluación técnica económica.
Sin embargo, la experiencia también dice que en las APPs existen riesgos para el fisco y para la economía: ello sucede cuando los beneficios son concentrados en el inversionista y los riesgos (costos) son trasladados al Estado, léase, a los contribuyentes. En consecuencia, cuando la APP significa beneficios para pocos y pérdidas para muchos, resulta una herramienta ineficiente e inequitativa. Ejemplos internacionales se pueden observar en Brasil, Argentina, pero también en el Perú con las denominadas carreteras Interoceánicas o el proyecto Olmos. En consecuencia, no todo proyecto público es concesionable y es mejor a veces ejecutarlo por obra pública, siendo no sólo menos costoso sino también más eficiente. La concesión requiere ciertas condiciones básicas de costo/beneficio y reglas claras para su implementación (de ahí la metodología del MEF del comparador público privado), además por supuesto de inversionistas serios con horizonte de mediano y largo plazo.
Es necesario saber que las APPs denominadas autosostenibles (proyectos que se pagan con su propia tarifa y no requieren aporte del Estado) ya prácticamente no existen. El Perú ya privatizó o concesionó sus mejores proyectos públicos, quizás el último fue la carretera Lima Pucallpa. Eso quiere decir que nuestros proyectos públicos requieren algún tipo de aporte estatal y por lo tanto pasar por una evaluación técnica del ente regulador y del SNIP. Esto es fundamental por una sencilla razón: el inversionista privado querrá trasladar la mayor cantidad de riesgos al Estado y éste solo debe aceptar aquellos costos justificables para obtener un beneficio social como país. En cuanto a riesgo fiscal, la metodología de evaluación la define quien cuida el erario nacional y ese es el MEF, mientras que en el caso del usuario y las tarifas, las define el regulador. La mejor señal de estabilidad y confianza que puede ofrecer el gobierno es darle todo el respaldo y autonomía a estas instituciones técnicas.
Una mención especial son las iniciativas privadas, que son un tipo de APP donde el privado presenta el proyecto y no espera a una convocatoria del Estado. Eso está perfecto siempre que no solicite cofinanciamiento o garantía, caso contrario, lo mejor es hacer un concurso para concesionar ese proyecto. Por qué limitar esta iniciativa? Porque implicaría recursos públicos que no deben ser definidos por la propuesta de un solo postor.
Finalmente, se ha mencionado que este reglamento fue aprobado como parte de las medidas del Plan Anti Crisis. Aquí se debe tener cuidado respecto a la efectividad y conveniencia de las APPs para una política fiscal anticíclica de corto plazo. Los proyectos APPs son de alta complejidad y tienen periodos de maduración de 2 a 4 años, quizás más. Acelerar su concesión y ejecución en razón a una crisis de corto plazo es contraproducente. Lo mejor es que los sectores, las regiones, ProInversión y el MEF empiezan a trabajar desde ya la cartera de proyectos estratégicos para las próximos 5 años, tomando en cuenta que este es un esfuerzo técnico de alta cirugía económica, ingeniería y jurídica.
m/p
Enero 2009
Hace poco el gobierno aprobó el reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas (APPs) que busca promover la inversión privada en servicios e infraestructura básicos como carreteras, agua potable, riego, puertos, etc. La idea es relativamente simple, si el privado puede hacerlo mejor que el Estado, entonces que lo haga. Esta estrategia empezó a desarrollarse en el mundo desde inicios de los 80s, y en el Perú desde mediados de los 90s (la responsabilidad recayó en la denominada CEPRI, hoy PROINVERSION). Sin embargo es la primera vez que existe un marco legal explícito para las APPs, lo cual debemos resaltar positivamente.
La ley y el reglamento de APPs no obstante, han sido fuertemente criticados por su poca claridad, por su excesivo centralismo en el MEF y por su complejidad burocrática, lo que puede afectar su objetivo principal al desincentivar a los inversionistas. No se ha escuchado críticas a la estrategia misma, y de hecho se ha asumido peligrosamente que el modelo de APPs es bueno por definición. Es importante entonces analizar la utilidad de esta herramienta, no hacer dogmas de las bondades de la inversión privada y evitar la historia del gasto público en el Perú donde pecamos de informales o de muy poco ordenados.
La experiencia mundial en APPs ha mostrado un balance positivo, especialmente en proyectos de infraestructura pública como puertos, aeropuertos, carreteras y energía, así como en riego, agua potable y comunicaciones; también se ha visto algunos resultados interesantes en sectores de típico monopolio estatal como hospitales, cárceles o areas naturales protegidas. Los países han logrado cerrar una parte de sus brechas de infraestructura con esta estrategia (ver casos como chile y colombia), y puede afirmarse que el éxito de esta estrategia ha estado asociado a dos factores: 1) un buen y sólido sistema regulatorio y 2) una rigurosa evaluación técnica económica.
Sin embargo, la experiencia también dice que en las APPs existen riesgos para el fisco y para la economía: ello sucede cuando los beneficios son concentrados en el inversionista y los riesgos (costos) son trasladados al Estado, léase, a los contribuyentes. En consecuencia, cuando la APP significa beneficios para pocos y pérdidas para muchos, resulta una herramienta ineficiente e inequitativa. Ejemplos internacionales se pueden observar en Brasil, Argentina, pero también en el Perú con las denominadas carreteras Interoceánicas o el proyecto Olmos. En consecuencia, no todo proyecto público es concesionable y es mejor a veces ejecutarlo por obra pública, siendo no sólo menos costoso sino también más eficiente. La concesión requiere ciertas condiciones básicas de costo/beneficio y reglas claras para su implementación (de ahí la metodología del MEF del comparador público privado), además por supuesto de inversionistas serios con horizonte de mediano y largo plazo.
Es necesario saber que las APPs denominadas autosostenibles (proyectos que se pagan con su propia tarifa y no requieren aporte del Estado) ya prácticamente no existen. El Perú ya privatizó o concesionó sus mejores proyectos públicos, quizás el último fue la carretera Lima Pucallpa. Eso quiere decir que nuestros proyectos públicos requieren algún tipo de aporte estatal y por lo tanto pasar por una evaluación técnica del ente regulador y del SNIP. Esto es fundamental por una sencilla razón: el inversionista privado querrá trasladar la mayor cantidad de riesgos al Estado y éste solo debe aceptar aquellos costos justificables para obtener un beneficio social como país. En cuanto a riesgo fiscal, la metodología de evaluación la define quien cuida el erario nacional y ese es el MEF, mientras que en el caso del usuario y las tarifas, las define el regulador. La mejor señal de estabilidad y confianza que puede ofrecer el gobierno es darle todo el respaldo y autonomía a estas instituciones técnicas.
Una mención especial son las iniciativas privadas, que son un tipo de APP donde el privado presenta el proyecto y no espera a una convocatoria del Estado. Eso está perfecto siempre que no solicite cofinanciamiento o garantía, caso contrario, lo mejor es hacer un concurso para concesionar ese proyecto. Por qué limitar esta iniciativa? Porque implicaría recursos públicos que no deben ser definidos por la propuesta de un solo postor.
Finalmente, se ha mencionado que este reglamento fue aprobado como parte de las medidas del Plan Anti Crisis. Aquí se debe tener cuidado respecto a la efectividad y conveniencia de las APPs para una política fiscal anticíclica de corto plazo. Los proyectos APPs son de alta complejidad y tienen periodos de maduración de 2 a 4 años, quizás más. Acelerar su concesión y ejecución en razón a una crisis de corto plazo es contraproducente. Lo mejor es que los sectores, las regiones, ProInversión y el MEF empiezan a trabajar desde ya la cartera de proyectos estratégicos para las próximos 5 años, tomando en cuenta que este es un esfuerzo técnico de alta cirugía económica, ingeniería y jurídica.
m/p
Enero 2009
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